La Fiscalía de la ciudad japonesa de Nara acusó este viernes formalmente de asesinato al autor del magnicidio del ex primer ministro Shinzo Abe, así como de violar la ley de control de armas de fuego, espadas y otro armamento similar.
Las autoridades japonesas presentaron los cargos contra Tetsuya Yamagami, de 42 años, tras considerar que los resultados de la evaluación psicológica a la que fue sometido durante cerca de seis meses no muestra que tenga ninguna condición mental que tuviera un impacto significativo en su capacidad para juzgar el bien y el mal, según recoge la cadena estatal NHK.
Según el artículo 39 del Código Penal nipón, si se determina que el autor de un crimen no estaba en plenas facultades mentales puede recibir una condena reducida, mientras que si tales acciones fueron producto de locura o enajenación “no están sujetas a castigo” por lo que se espera que el examen psicológico sea clave en el juicio.
El equipo de la fiscalía de Nara que está trabajando en el caso considera que Yamagami puede ser penalmente responsable, teniendo en cuenta que tanto el arma y la pólvora usada en el tiroteo de Abe las fabricó él, y que estudió el programa de mítines del político.
Yamagami fue detenido el 8 de julio de 2022 tras disparar mortalmente a Abe con un arma de fabricación casera similar a una escopeta mientras el ex mandatario participaba en un acto electoral en las calles de Nara, en el oeste del archipiélago.
Yamagami, ex militar residente en esa ciudad, fue detenido en el lugar de los hechos. Abe murió horas después, a los 67 años, a causa de las hemorragias causadas por el impacto de varios proyectiles.
La policía planea seguir investigando con vistas a acusarlo también por violar la ley de fabricación de armas.
Yamagami habría cometido el crimen por resentimiento hacia la Federación de Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, un controvertido credo religioso más conocido como Iglesia de la Unificación o “Secta Moon”, con el que creía que Abe tenía vínculos.
El detenido habría contado a los investigadores que su madre realizó años atrás cuantiosas donaciones al grupo que la habrían llevado a la quiebra y desestructurado su familia.
Los investigadores indicaron que, según fuentes familiares, su madre había donado más de 700.000 euros a la Iglesia de la Unificación a lo largo de su vida. Estas donaciones incluían 60 millones de yenes (unos 429.000 euros) de la herencia del padre de Yamagami.
La iglesia negó estar implicada en actividades ilegales y se comprometió a evitar las donaciones “excesivas” de sus miembros.
Investigaciones posteriores a la muerte de Abe revelaron vínculos estrechos entre la iglesia y muchos legisladores conservadores del partido de gobierno, incluyendo un ministro que renunció.
Las revelaciones causaron enojo en Japón y afectaron la imagen del gobierno del primer ministro Fumio Kishida.
Su gobierno ordenó una investigación, que podría poner fin a las exenciones tributarias de la iglesia, e impulsó leyes que endurecen las reglas para las donaciones religiosas
