La fiscalía ecuatoriana realizó el miércoles una serie de allanamientos y detenciones de jueces, ex magistrados, funcionarios judiciales, abogados y policías en ocho provincias del país a quienes investiga por haber permitido la liberación de criminales de alta peligrosidad y abuso del derecho.
Esa institución precisó que en las provincias de El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Tungurahua, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas realizó una serie de operaciones por los presuntos delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
En un comunicado en X, antes Twitter, la Fiscalía informó que fueron detenidas 14 personas a quienes “se les formulará cargos en las próximas horas”, mientras que la fiscal general, Diana Salazar, dijo en esa misma red social que “abusar de las acciones constitucionales y dejar libres a delincuentes peligrosos se convirtió en una plaga en el sistema de justicia”
“Tenemos que continuar con la depuración, no vamos a parar”, añadió.
La Fiscalía informó de la detención de los jueces Franklin Edmundo T., y Byron Michael O. G., juez de primer nivel en el cantón Flavio Alfaro. En la provincia de Manabí se detuvo a los ex jueces Simón Oswaldo G., y a Joffre Javier R. R., mientras que en la de Santo Domingo De Los Tsáchilas se detuvo al ex juez Ángel L., este último está procesado en el llamado Caso Metástasis, que indaga una trama de corrupción judicial, policial y carcelaria.
En Manabí también se detuvo a Gary Fabricio P., secretario de juzgado y unidades judiciales; y en los exteriores de una cárcel, en Guayas, a Marco Patricio C. C., policía en servicio activo.
La Fiscalía expresó que “esta plaga que opera en el sistema de justicia, que se ha sistematizado como un círculo vicioso” evidencia “la profunda irrupción de la corrupción” en las diferentes estructuras del Estado.
La descripción hace alusión a que los responsables de emblemáticos casos de corrupción y jefes del crimen organizado interponían recursos ante jueces de pequeñas poblaciones exigiendo garantías constitucionales o argumentando violación de derechos y poco después eran liberados, sin consideración de los delitos por los cuales estaban cumpliendo penas en prisión.
En la fotografías distribuidas por la Fiscalía se observa a policías y agentes del ministerio público realizando los allanamientos y detenciones de sospechosos vinculados con los procesos irregulares de otorgamiento de libertad a cambio de favores o dinero.
No se han informado los casos que desencadenaron este operativo denominado Plaga.
Otras detenciones
Las fuerzas del orden también ejecutaron un allanamiento en una cárcel de Quito, donde se levantaron indicios y se notificó al ciudadano Lenin V. (ya procesado en otra causa) con una nueva orden de detención.
En el allanamiento a un inmueble en la provincia de Chimborazo, se detuvo a Hugo Alexander L. O., mientras en la de Pichincha se ejecutó la orden de detención contra José T. Ch., abogado en libre ejercicio.
En Azuay el detenido fue Omar Israel J., abogado y ex funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo encargado del control de las prisiones.
También ex funcionario del SNAI, José Alfredo M. B., fue detenido en Tungurahua, mientras que en El Oro la misma medida se aplicó a la ciudadana María José L.
En total se ha detenido a 14 personas y entre los indicios levantados en los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y la Policía figuran documentos, 9 dispositivos de almacenamiento, 13 terminales móviles y 10 computadoras portátiles.
El fiscal provincial de Pichincha, Hernán Flores, indicó que se ejecutaron alrededor de 25 allanamientos, en los que participaron 23 agentes fiscales “con el fin de erradicar esa plaga que opera en el sistema de justicia que se ha sistematizado con un círculo vicioso, y que da cuenta, nuevamente, de la profunda irrupción de la corrupción en instituciones del Estado”.
Flores añadió que en las próximas horas se formularán cargos contra los implicados y subrayó que “la Fiscalía no permitirá la impunidad”.
A fines del año pasado la Fiscalía destapó un caso que revelaba una importante penetración del narcotráfico en la justicia, policía, política e incluso en es institución, en el cual están acusadas 52 personas.
La investigación se originó luego de que la Fiscalía incautó teléfonos celulares y logró acceder a los mensajes del narcotraficante Leandro Norero, quien fue asesinado en octubre de 2022 en una prisión, en cuyos mensajes quedaron en evidencia tales vínculos.
El Ministerio Público también investiga y ha revelado los principales casos de corrupción de los últimos años, especialmente en los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa (2007-2017), Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), con algunos de sus principales funcionarios en prisión o fugados del país.
