El juicio contra el expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 comenzará el 21 de febrero, según dispuso el viernes el tribunal a cargo del proceso.
Tanto Humala como Heredia, fundadores del Partido Nacionalista Peruano (PNP), están acusados por la Fiscalía de haber cometido presuntamente lavado de dinero al no declarar millonarias donaciones con las que financiaron las dos primeras campañas electorales del exmandatario.
En su acusación, el fiscal anticorrupción Germán Juárez, quien ha llevado una investigación de siete años abierta inicialmente en 2015, ha solicitado 20 años de cárcel para Humala y 26 años de prisión para Heredia.
Según la tesis del fiscal, en 2006 el dinero vino presuntamente del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013) y en 2011 recibieron supuestamente tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht por orden del Partido de los Trabajadores de Brasil, del expresidente Lula Da Silva (2003-2010).
Durante el tiempo que duró la investigación, el exmandatario y su esposa pasaron casi diez meses en prisión provisional separados en distintas cárceles entre julio de 2017 y abril de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su puesta en libertad por considerarla una medida excesiva.
Una vez en libertad, Humala y Heredia tuvieron que afrontar el embargo de su vivienda y, con ello, la incautación de sus muebles como medida preventiva para asegurar el cobro de una indemnización en favor del Estado en caso de que fuesen condenados a un juicio que estaba aún lejos de comenzar.
Además de Humala y Heredia, en el juicio también están acusadas otras 11 personas, entre ellas Ilán Heredia y Antonio Alarcón, el hermano y la madre, respectivamente, de la ex primera dama.
Otro de los acusados es el empresario Martín Belaunde Lossio, exasesor de campaña de Humala en 2006, capturado en 2015 en la selva de Bolivia cuando se había fugado para evitar ser procesado por corrupción y espionaje a adversarios políticos dentro del gobierno de la región de Áncash.
