El juez federal de Florida, Bruce Reinhart, emitió una orden al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que revele una declaración juramentada donde sustente el registro que hizo el FBI en la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida. Esta decisión podría revelar detalles sobre la investigación y pruebas obtenidas anteriormente por el Gobierno.
Un portavoz del Departamento de Justicia confirmó que los fiscales presentaron al juez una copia sellada de la declaración jurada con las redacciones propuestas. Reinhart fue quien aprobó la orden del Departamento de Justicia antes de que el FBI allanara la casa.
La declaración jurada implica las pruebas que llevaron al Departamento de Justicia determinar una causa probable para solicitar la orden de registro.
A pesar del pedido de la declaración, el juez admitió que el Departamento tenía razones para no revelar todos los detalles ya que había partes que debían mantenerse en secreto, como por ejemplo la identidad de los testigos y los agentes federales, la estrategia del Gobierno y material del Gran Jurado.
Reinhart dijo que “el Gobierno ha cumplido con su carga de demostrar que sus redacciones propuestas están estrechamente adaptadas para servir al interés legítimo del Gobierno en la integridad de la investigación en curso y son la alternativa menos onerosa para sellar toda la declaración jurada».
Según algunas informaciones, el FBI encontró en Mar-a-Lago más de 20 cajas que contenían 11 conjuntos de registros gubernamentales clasificados, algunos de los cuales estaban etiquetados como «ultra secreto». El registro hace parte de una investigación federal que pretende determinar si el expresidente sacó documentos de la Casa Blanca y los guardó ilegalmente en su casa cuando dejó el cargo en enero de 2021, además deben verificar si obstruyó la investigación del Gobierno.
Los agentes investigan posibles violaciones de tres leyes federales diferentes, incluida una que regula la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa en el marco de la Ley de Espionaje, según documentos ya hechos públicos. Las otras se refieren a la ocultación, mutilación o eliminación de registros y a la destrucción, alteración o falsificación de registros en investigaciones federales.
El expresidente tildó la investigación de «represalia política»
Donald Trump ha acusado al FBI de querer enlodarlo como una forma de represalia política. Tras estas acusaciones el fiscal general Merrick Garland decidió confirmar que había una investigación contra el expresidente y pidió al Tribunal que liberara la orden de registro y el recibo donde aparecen los artículos incautados.
Los fiscales pidieron al juez Reinhart que no divulgue a los medios de comunicación los documentos, ya que esto perjudicaría la investigación, podría entorpecer la colaboración de los testigos y pondría en riesgo la seguridad de los agentes del FBI.
Precisamente los medios iniciaron una denuncia para que los documentos sean revelados por motivo de interés nacional. Además, dijeron que «como mínimo, cualquier parte del sumario que recite esos hechos sobre la investigación, sin revelar otros adicionales aún no disponibles públicamente -además de cualquier otra parte que no suponga una amenaza para la investigación- debería ser desprecintada».
Trump busca que sea nombrado un perito experto independiente que revise los documentos para que determine si hay material protegido bajo el privilegio ejecutivo que le otorga a los presidentes proteger cierta información. Esta figura nunca ha sido utilizada fuera de la Casa Blanca, ya que ningún expresidente ha sacado documentos a su salida del poder.
El equipo legal de Trump tiene plazo hasta este viernes para presentar una explicación de qué medidas son las que busca el expresidente y porqué solicitud no debe enviarse a Reinhart, quien es el encargado del caso.
