Un juez federal de San Francisco detuvo la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 1.1 millones de venezolanos y haitianos, garantizando su derecho a residir y laborar legalmente en Estados Unidos. La orden, emitida el 5 de septiembre de 2025, protege aproximadamente a 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos, quienes habían visto sus permisos expirar o estaban próximos a hacerlo.
El juez Edward Chen consideró que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue “arbitraria y caprichosa”, ya que se implementó sin la autoridad legal necesaria ni la revisión adecuada de las condiciones en los países de origen. Además, la medida no contó con la consulta de agencias federales, un requisito fundamental según la ley de inmigración.
La orden judicial restablece el TPS para los afectados al menos hasta octubre de 2026. Este fallo se suma a decisiones previas de otros tribunales, como la de Nueva York, donde se bloqueó la terminación anticipada del TPS para más de 500,000 haitianos, consolidando un precedente en la protección de los migrantes frente a decisiones unilaterales del gobierno federal.
Organizaciones defensoras de inmigrantes celebraron la decisión, mientras que la administración federal aún puede apelar ante instancias superiores. Por el momento, los beneficiarios del TPS podrán mantener su estatus legal y continuar trabajando de manera regular en Estados Unidos.
