La política colombiana Ingrid Betancourt anunció este martes que nuevamente buscará llegar a la Presidencia de Colombia, como ya lo hizo en 2002, pero entonces fue secuestrada por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Betancourt, de 60 años, se suma al abanico de precandidatos presidenciales de la coalición Centro Esperanza, que elegirá a su candidato en marzo próximo en una consulta.
«Estoy aquí para terminar lo que empecé en 2002 […] voy a participar en la consulta del 13 de marzo, voy a hacer parte de esta Coalición Centro Esperanza como candidata a la presidencia y voy a trabajar cada instante, de sol a sol, para ser su presidenta», dijo la política en una conferencia de prensa.
En la contienda por ser la candidata de Centro Esperanza, Betancourt se medirá con los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; los exministros Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo; el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo.
Para la consulta, Betancourt estará avalada por su partido Verde Oxígeno, que recientemente recuperó la personería jurídica.
Secuestro, liberación y retorno a la política
Betancourt, quien también fue congresista de Colombia entre 1994 y 2001, ya se presentó a las elecciones de 2002, pero en febrero de ese año fue secuestrada por las extintas FARC y estuvo en sus manos por más de seis años.
En julio de 2008 fue rescatada por el Ejército durante la famosa ‘Operación Jaque’, en la que también fueron liberados un grupo de militares colombianos y ciudadanos estadounidenses que estaban en poder de la extinta guerrilla.
Luego de la liberación, se alejó de la política y se ausentó de Colombia. En noviembre pasado retornó para respaldar a la coalición Centro Esperanza en los venideros comicios.
«Me han acusado de volver a mi casa para buscar beneficios políticos. Pues sí, estoy buscando beneficios políticos, el derecho a buscar con mi familia extendida, que son todos ustedes, la Colombia que yo amo», expresó.
Añadió que viene «a reclamar los derechos de los 51 millones de colombianos que no encuentran justicia», denunciando que viven «en un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los violentos».
