Los brasileños centrarán su atención el miércoles en el Senado, donde un informe de seis meses de preparación recomendará que el presidente Jair Bolsonaro sea acusado de cargos penales por supuestamente estropear la respuesta a la pandemia de COVID-19 y llevar el número de muertos del país al segundo lugar más alto del mundo.
Un borrador del informe surgido de la investigación de una comisión del Senado, cuya copia fue revisada por The Associated Press el martes, recomendó que el presidente fuera acusado de 11 cargos, desde charlatanismo e incitación al crimen hasta homicidio y genocidio.
En el llamado grupo “G7” de la comisión, que no son de la base de Bolsonaro, tres se opusieron a la inclusión de cargos de homicidio y genocidio, dijeron cinco miembros de la comisión que acordaron discutir los detalles de las delicadas conversaciones solo si no se citan por su nombre.
Los analistas dijeron que no estaba claro que tales recomendaciones darían lugar a cargos contra el presidente. Esa sería una decisión del fiscal general de Brasil, quien fue designado por el presidente.
Bolsonaro ha negado haber actuado mal y ha acusado reiteradamente la investigación de ser un instrumento político destinado a sabotearlo.
Los críticos han denunciado a Bolsonaro por restar importancia a la gravedad del coronavirus, ignorar las directrices sanitarias internacionales sobre uso de mascarillas y las restricciones a la actividad diseñadas para prevenir la propagación del virus, promocionar tratamientos no probados y retrasar la adquisición de vacunas.
La ira por la postura del presidente provocó la creación de la comisión del Senado en abril, que ha investigado las acusaciones de que la gestión de Bolsonaro de la pandemia causó muchas de las más de 600.000 muertes de Brasil por COVID-19.
