Miguel Angel Vivanco, director de la organización internacional de derechos humanos, habló con Infobae tras la presentación de un duro informe sobre el gobierno de Daniel Ortega
Poco más de un año después del inicio de la salvaje represión lanzada contra opositores al gobierno de Daniel Ortega, los máximos responsables de las muertes y los abusos aberrantes cometidos en Nicaragua a partir de abril de 2018 no tuvieron hasta ahora ningún castigo. Y se corre el «grave riesgo» de que si no hay una mayor presión internacional, esos crímenes permanezcan impunes.
Esta advertencia, y el llamado a una acción internacional más decidida, forman parte de las conclusiones de un pormenorizado informe de la Organización Human Rights Watch (HRW).
La comunidad de países de la región, así como Estados Unidos, Canadá y Europa, deberían imponer «sanciones individuales» al presidente Ortega y a una lista de altos funcionarios y jefes de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos, indica el trabajo, que a lo largo de un centenar de páginas documenta los abusos que padecieron en el último año muchas de los cientos de víctimas de la represión oficial.
«Es muy importante que la comunidad internacional no deje de atender y seguir de cerca la situación en Nicaragua, estamos ante una dictadura y ante una dictadura hay que redoblar la presión y no ceder», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. «Si no se mantiene la presión, no habrá posibilidades de una transición a la democracia», enfatizó.
Unas 300 personas murieron, más de 2.000 resultaron heridas y otras 800 fueron detenidas desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega. El informe de HRW, titulado «Brutal represión: torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua», detalla los abusos que sufrieron muchas de estas personas, reconstruidos a partir de investigaciones hechas sobre el terreno, decenas de entrevistas con víctimas, familiares y testigos, pruebas documentales y el testimonio de abogados, médicos y representantes de organizaciones internacionales.
Los relatos que recoge el trabajo dan cuenta de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los detenidos por parte de las fuerzas policiales y bandas armadas al servicio del gobierno de Ortega. Esto incluyó feroces golpizas contra los manifestantes, violaciones de personas detenidas, «incluso con tubos metálicos y armas de fuego», simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras con ácido, simulacros de ejecuciones y otros abusos.
«Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia», señaló Vivanco. «Las últimas liberaciones de presos políticos son bienvenidas, por supuesto, pero nada cambia: se trata de personas que nunca debieron haber sido detenidas en primer lugar y la impunidad persiste en Nicaragua, sin que ni un sólo policía se encuentre bajo investigación por los hechos salvajes que tuvieron lugar, delitos aberrantes como violaciones sexuales, asfixias y remoción de uñas», añadió.
En ese contexto, la organización de defensa de los derechos humanos considera imperativo que la comunidad internacional apunte contra los responsables de los abusos y les aplique sanciones individuales, para que sus crimenes no queden impunes. Al tope de esa lista HRW ubicó al presidente Ortega, que según consigna es «jefe supremo de la Policía Nacional» y cuenta con amplias facultades para ejercer ese mando.
Lo siguen en el listado la general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, jefa de la fuerza hasta septiembre del año pasado; el general Francisco Díaz, su reemplazante desde entonces; el general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo responsable policial en Masaya, donde fuerzas bajo su mando y grupos armados cercanos al gobierno reprimieron brutalmente a manifestantes opositores; el general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional; el general Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel de El Chipote, donde tuvieron lugar muchos de los abusos documentados, y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que según indicó un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo un «papel central» en la represión.
Para todos ellos y otros responsables de los abusos, HRW recomienda sanciones individuales como la prohibición de ingreso a otros países y el congelamiento de sus activos en el exterior. «La única forma de contrarrestar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el régimen, de permitir que los nicaragüenses regresen del exilio, de poner fin a la censura y de restablecer la independencia judicial es ejerciendo una fuerte presión internacional sostenida que debería incluir sanciones individuales y un mayor reclamo para que los responsables rindan cuentas por sus abusos», señaló Vivanco.
El informe detalla otras recomendaciones y posibles herramientas de presión en manos de la comunidad internacional. Esto incluye «abstenerse de transferir a las fuerzas de seguridad nicaragüenses armas, municiones o equipos que podrían ser usados para cometer abusos violentos contra opositores». Y «exhortar a Nicaragua a crear una unidad especial que supervise la investigación de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas».
Tomado de Infobae
Lo que no dice en ese super informe es que los opositores terroristas quemsron vivo a sandinistas, matsron a 22 policias, que cobraban peaje para pasar por los tranques, que afectaron la economia, que 200 mil personas perdieron su empleo, aja!