Una magistrada dio inicio el lunes al juicio contra Virginia Laparra, una exfiscal guatemalteca que denunció a un juez por filtrar información de un caso y luego fue acusada por la Fiscalía de abuso de autoridad.
Amnistía Internacional ha calificado a la exfiscal como una presa de conciencia por su lucha contra la corrupción. Laparra lleva nueve meses en prisión y su detención es motivo de preocupación, dijo el lunes el Colegio de Abogados de Estados Unidos.
“A pesar de haber sido acusada solo de un delito menor, ha estado recluida en régimen de aislamiento en algunas de las prisiones más notorias del país. Evaluaciones independientes legítimas de grupos como Human Rights Watch han caracterizado su situación como detención arbitraria”, dijo el Colegio de Abogados.
En su acusación la Fiscalía dijo que mientras Laparra integraba la Fiscalía Especial Contra la Impunidad realizó acciones fuera de sus funciones, en relación con su denuncia contra un juez.
El caso surgió cuando Laparra denunció al juez Lesther Castellanos Rodas de filtrar información de un proceso judicial, reservado a las partes, a un amigo abogado. Tras la denuncia el juez recibió una sanción administrativa que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, luego de lo cual el magistrado denunció a Laparra.
En una entrevista con The Associated Press Laparra dijo que la acusación en su contra era absurda pues como fiscal no tenía derecho sino obligación de denunciar y que se trata de una venganza por haber trabajado en temas de corrupción.
En el caso participan como querellantes la Fundación Contra el Terrorismo y sus directivos Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, dos activistas de ultraderecha que defienden a militares acusados de crímenes de guerra. Ambos han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala y socavar la democracia.
Ni Falla ni Méndez Ruiz han sido afectados en el caso, pero la Fiscalía General admitió su participación como demandantes. Ambos también están detrás de las acusaciones contra decenas de funcionarios judiciales que se han exiliado denunciando una persecución por su lucha contra la corrupción y han apuntado directamente a la Fiscal General Consuelo Porras, quien rechaza esas acusaciones.
Porras también fue sancionada por Estados Unidos, que le retiró la visa. Tanto ese país como naciones de la Unión Europea han manifestado su alarma por el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
Durante el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, más de 30 jueces, fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos se han exiliado denunciando una criminalización en su contra.
El juez Castellanos fue nombrado por la mayoría de los diputados oficialistas y aliados como titular de la Comisión contra la Tortura, que vigila que no se violenten los derechos humanos de las personas detenidas.
