El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este miércoles tras su reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que su país recibirá a deportados de Estados Unidos, sin importar su nacionalidad. Dichos individuos serán, posteriormente y a expensas de la Administración Trump, devueltos a sus respectivos países de origen.
A la par, Guatemala se comprometió a aumentar en un 40% los vuelos destinados a estos operativos, en un intento por apoyar la lucha contra la inmigración ilegal iniciada por el nuevo Gobierno republicano, el pasado 20 de enero, aunque no precisó de cuántas frecuencias se trata. En su lugar, se limitó a mencionar que su gabinete ya inició “conversaciones con distintas empresas y el sector privado para identificar aquellas que están dispuestas a absorber a los migrantes” y reinsertarlos en el mercado laboral.
Estas acciones, explicó Arévalo de León, se enmarcan en un nuevo acuerdo bilateral alcanzado con Rubio pero no implican que Guatemala opere en calidad de “tercer país seguro”, como se conoce a las naciones que funcionan como destino alternativo al que un país remite a los solicitantes de asilo a los que no puede atender, dado que los extranjeros no permanecerán en Guatemala.
De esta manera, se distanció de la política adoptada por el ex presidente Jimmy Morales quien, durante el primer mandato de Trump, aceptó dicha condición migratoria.
“El tema ‘país seguro’ no existe, no fue tratado (en la reunión de este miércoles con Rubio), ni en título ni en contenido. Lo que tenemos ahora es un nuevo arreglo migratorio”, sostuvo en ese sentido.
Esta semana, en el marco de su gira por la región, el Secretario de Estado visitó El Salvador donde, tras un encuentro con el presidente Nayib Bukele, también informó que parte de los inmigrantes serían deportados por medio de gestiones con este país. El acuerdo, sin embargo, es más amplio que el anunciado en las últimas horas ya que Bukele accedió a su vez a albergar en sus cárceles a migrantes indocumentados que hayan cometido delitos en Estados Unidos y a estadounidenses que cumplan condenas por crímenes graves.
Gran parte de estos individuos irán al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad más grande de la región, inaugurada en 2023 en Tecoluca, 75 kilómetros al sureste de la capital. El espacio tiene capacidad para unos 40.000 reclusos pero aún dispone de unas 25.000 plazas.
A cambio de esta gestión, el Gobierno cobrará a Washington una tarifa “relativamente baja pero significativa, que hará sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, explicó el mandatario centroamericano, a la par que celebró que “nuestro sistema ya está diseñado para contener y rehabilitar a estos individuos”.
“Ya sean del M-13 o del Tren de Aragua, serán deportados y alojados en cárceles salvadoreñas”, sostuvo Rubio, que destacó que “ningún país ha hecho jamás una oferta de amistad como esta”.
“Es un acuerdo muchísimo mayor (que los alcanzados en 2019), que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino -creo- con toda América Latina”, sumó.
