El gobierno de los Ortega y la Arquidiócesis de Managua anunciaron de forma conjunta que se han reanudado los contactos para resolver la crisis sociopolítica que afecta al país, y que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente de Nicaragua.
«El Gobierno de Nicaragua se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país», informaron ayer (16 de febrero), en una escueta nota de prensa, emitida por separado.
La nota no identificó a los representantes del Gobierno ni a los empresarios que participaron en la reunión, en la que estuvieron presentes dos delegados de la Iglesia católica «como invitados».
Por el clero participaron el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, y el nuncio apostólico, de origen polaco, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Las partes no informaron si los empresarios con quienes sostuvieron el encuentro son los que han pedido «justicia y retorno a la democracia», o si se trata de aliados del Gobierno.
La reunión se dio un día después de que el Gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) anunciaran que esta semana habían iniciado un diálogo bilateral.
De hecho, el Ejecutivo y la Secretaría General de la OEA emitieron el viernes sendos comunicados en los que informaron de que Ortega se comprometió nuevamente a realizar cambios en el sistema electoral, sin aceptar que se adelanten las elecciones programadas para 2021.
Las premisas de la reunión entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA fueron rechazadas por diferentes sectores del país, que consideran que un diálogo necesita garantías básicas, como la liberación de los manifestantes presos, así como la libertad de expresión, reunión, movilización y prensa, restringidas desde el estallido social de abril pasado.
La crisis sociopolítica que vive Nicaragua ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde abril, según organismos humanitarios. Sin embargo, Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos(Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
La OEA mantiene en marcha el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua por romper el orden constitucional.
Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de golpe de Estado fallido.
