El gobierno del presidente Bernardo Arévalo denunció penalmente el jueves (29.02.2024) por «incumplimiento de deberes» a la cuestionada fiscal general de Guatemala , Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada judicial que puso en riesgo la transición presidencial.
La denuncia fue presentación ante la Corte Suprema por el procurador general (abogado del Estado), Julio Saavedra, quien pidió el retiro de la inmunidad para la jefa de la Fiscalía.
«Esta querella se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero», informó el procurador, quien actuó por «instrucciones» del mandatario socialdemócrata.
En aquella reunión en la Casa Presidencial, Porras se retiró anticipadamente al argumentar que la ley le prohibía participar en una junta de ministros, pues infringía la autonomía del Ministerio Público (Fiscalía).
Sin embargo, Saavedra señaló que la ley del Ministerio Público le obliga al fiscal general a «atender las convocatorias del presidente» y que rehusarse «podría enmarcarse en una conducta delictiva» de «incumplimiento de deberes».
La Fiscalía rechazó la denuncia contra Porras afirmando que ella actuó conforme a la ley y que la querella es «espuria y con un posible origen político con el fin de obstruir la justicia».
Arévalo ganó ampliamente las elecciones con la promesa de combatir la corrupción que afecta al país, lo que encendió las alarmas de la élite político-empresarial que controlaba Guatemala.
La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscal para sacar del camino a Arévalo mediante investigaciones polémicas contra él y su partido Semilla, inhabilitado por pedido de la Fiscalía. Esas acciones fueron calificadas como un intento de «golpe de Estado» para evitar la transición presidencial.
En entrevista al telenoticiero Hechos Guatemala la noche del jueves, Arévalo, que carece de la facultad legal para remover del cargo a Porras, señaló que sigue vigente un pedido público para que la renuncia fiscal.
«Aspiramos a poder sustituir a la fiscal general, porque consideramos que no es posible que el país continúe con una Fiscalía que, en primer lugar, ha sido parte de todo este proceso de persecución política y de golpe de Estado en cámara lenta (.. .) y posteriormente se niega a entrar en una coordinación de políticas con el gobierno”, indicó el mandatario.
La fiscal está sancionada desde 2021 por Estados Unidos, que la considera «corrupta» y «antidemocrática». La Unión Europea también la sancionó el pasado 2 de febrero
