Rafael Correa ha justificado el manejo de la deuda pública en su administración y, según ha dicho, esto lo avalan varios organismos internacionalmente reconocidos.
La Fiscalía General anunció hoy que abrió una investigación penal contra el expresidente Rafael Correa y varios de sus colaboradores, esto por un caso relacionado con el supuesto incumplimiento de requisitos en la contratación de deuda pública cuando ésta excede un límite permitido.
La indagación previa iniciada por el Ministerio Público se basa en un informe de indicios de responsabilidad penal sobre el endeudamiento público, elaborado por la Contraloría General del Estado que fue entregado a la Fiscalía el pasado 9 de abril, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
Este caso se fundamenta en denuncias sobre la declaración de reserva de documentación relacionada con operaciones de endeudamiento en el periodo de Correa (2007-2017), en supuestas irregularidades en procesos de venta anticipada de petróleo y en la expedición de un decreto que modificó el cálculo para determinar la relación entre la deuda y el producto interior bruto (PIB). Por esas consideraciones, señala el boletín de la Fiscalía, «existirían irregularidades en el uso de la deuda pública interna y externa» en varias entidades durante el gobierno de Correa. Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central del Ecuador, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y otras instituciones relacionadas con la contratación y uso de los recursos públicos provenientes de la deuda interna y externa entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017″, apunta el boletín.
Correa, tres ex ministros de Finanzas y otros siete funcionarios públicos «habrían actuado en virtud de la potestad estatal de los cargos que representaban y habrían incumplido los requisitos previstos para la contratación de endeudamiento público una vez superado el límite, además de no registrar como deuda operaciones de preventa de petróleo», agregó la Fiscalía.
Aclaró que, por respeto al debido proceso y al considerar que la actual investigación está en su «fase preprocesal», la Fiscalía General recibirá versiones e informaciones de las instituciones nombradas por la Contraloría.
El anuncio del Ministerio Público se dio pocas horas después de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, un antiguo ex correligionario de Correa y ahora acérrimo rival, pidiera a las autoridades de su país verificar la autenticidad de un vídeo sobre la supuesta entrega de dinero de la antigua guerrilla colombiana de las FARC a las campañas presidenciales de su antecesor.
«Hace un momento acabamos de ver un vídeo, que me lo pasaba el periodista Fernando Rincón, en el cual evidencia inclusive un testigo de estos protegidos que las FARC entregaba dinero para las campañas del expresidente Correa», dijo Moreno en una entrevista con una cadena colombiana de noticias.
Correa, que reside en Bélgica desde mediados del año pasado, tras concluir su mandato, ha justificado el manejo de la deuda pública en su administración que según, ha dicho, lo avalan varios organismos internacionalmente reconocidos. Asimismo, negó el extremo advertido por su sucesor respecto a la supuesta financiación de las FARC y fue más allá, al calificar de «inepto» a Moreno.
