El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ordenó a la plataforma Airbnb retirar 65,935 anuncios de alquiler vacacional por incumplir la normativa vigente. Según las autoridades, muchos de los anuncios no incluían el número de licencia correspondiente o no detallaban si el arrendador era una persona física o jurídica. Algunos, incluso, presentaban licencias falsas que no coincidían con las registradas oficialmente.
La medida, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afecta a regiones clave como Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el País Vasco. El objetivo del Gobierno es frenar la oferta ilegal de alojamiento turístico y garantizar mayor transparencia en el sector.
Por su parte, Airbnb manifestó su desacuerdo y anunció que impugnará la resolución ante la justicia. La compañía sostiene que el Gobierno ha evadido los cauces legales establecidos y ha aplicado un criterio indiscriminado para seleccionar los anuncios a eliminar. Además, recalca que la responsabilidad del cumplimiento normativo corresponde a los anfitriones, no a la plataforma, que se define como un intermediario digital y no como proveedor directo de alojamiento.
