Honduras, Guatemala y El Salvador son países devastados por la violencia de las pandillas, el narcotráfico y la pobreza extrema. Son estos elementos los que generan oleada tras oleada de inmigración ilegal a Estados Unidos, que a su vez desatan la ira del presidente Donald Trump.
Sin embargo, el mercado de bonos considera que las naciones, especialmente las dos primeras, son inversiones estables y casi seguras. En algunos casos, los préstamos tienen tasas similares a las de potencias regionales como Brasil y México.
Es extraño, suena casi improbable y revela una sorprendente verdad sobre estos países: todos tienen cuentas fiscales sólidas.
¿Cómo es posible eso en países tan desamparados? Resulta que destinan muy poco dinero a programas sociales básicos. Esto les permite ahorrar dinero y mantener a raya sus déficits presupuestarios, pero también alienta la migración de los pobres, quienes más se beneficiarían de mayores desembolsos para salud o vivienda.
Esto a su vez crea una ventaja adicional para estas naciones: los inmigrantes envían sumas cada vez mayores de dólares a sus familias en sus países natales, generando un flujo constante de divisas que es un pilar central de sus economías. (A modo de perspectiva, su valor es cerca de 30 veces mayor que el monto de ayuda estadounidense cuya entrega Trump suspendió esta semana).
Cuando todos estos elementos se juntan y se observan de manera integral, da la impresión de que el modelo económico que estos gobiernos han adoptado se basa en exportar personas. Puede que eso sea una simplificación excesiva y puede que tampoco sea la intención de los gobiernos, pero es el efecto neto de la combinación de políticas, según observadores de la región.
«La migración es parte del modelo», comentó Seynabou Sakho, director del Banco Mundial para Centroamérica. «Un país puede no tener un gran déficit, pero al mismo tiempo las necesidades de su gente no se están atendiendo».
Funcionarios de los ministerios del área financiera y las oficinas presidenciales de El Salvador, Honduras y Guatemala no respondieron a solicitudes de comentarios.
Colegas de Sakho en el Banco Mundial efectúan lo que denominan estudios de protección social. Intentan medir cuánto apoyo brindan los gobiernos a los pobres y vulnerables y dividen su trabajo en varios indicadores clave: reducción de la pobreza, acceso a asistencia del gobierno y el efecto de esa ayuda. Las tres naciones centroamericanas, conocidas en su conjunto como el Triángulo del Norte, se ubican en la parte inferior de cada una de esas categorías.
La institución también hace un seguimiento al gasto social per cápita. En El Salvador la cifra llegó a $562 y fue aún menor en Honduras ($278) y Guatemala ($258). Es una fracción de los $2.193 desembolsados en Costa Rica o los $2.269 que registra Brasil. El Banco Mundial no actualiza ese conjunto de datos desde 2012, pero analistas afirman que ha habido pocas señales de mejora en los últimos años. El clientelismo y la corrupción, aseguran, agravan el déficit al desviar fondos destinados a los pobres. Transparencia Internacional clasifica a los tres países en la mitad inferior de su Índice de Percepción de la Corrupción y Guatemala está en el cuartil más bajo.
Lucrecia Mack señaló que se sorprendió con el descontrol de la corrupción cuando asumió como ministra de Salud de Guatemala en 2016. Está «en todas partes», lamentó. Se falsifican documentos, firmas y facturas. Detalló cómo funcionarios compraban neumáticos nuevos para ambulancias, los revendían y dejaban los viejos en los vehículos.
«El poco dinero que tiene el Ministerio de Salud termina en las manos equivocadas», explicó Mack, hija de un reconocido activista de derechos humanos asesinado en 1990.
Según sus cálculos, Guatemala solo gasta anualmente alrededor de una quinta parte de lo que debiera en atención médica. «El presupuesto siempre ha sido extremadamente escaso». Como resultado, añadió, el ministerio solo cuenta con clínicas y hospitales públicos para atender a cerca de 6,5 millones de personas. Ese era el total de población en 1975. Desde entonces se ha duplicado con creces.
Deficiencias en infraestructura como la escasez de agua potable y alcantarillado exacerban los efectos del déficit de financiamiento. Las tasas de mortalidad materna, por ejemplo, son más altas en las comunidades rurales donde hay menos carreteras, indicó Mack. Agregó una serie de otros problemas de salud que afectan al país: neumonía, diarrea, diabetes, cirrosis, mortalidad infantil, desnutrición crónica.
Mack duró solo 13 meses en el cargo. Cuando el presidente Jimmy Morales expulsó a un organismo respaldado por la ONU que había comenzado a investigar a su gobierno como parte de una indagatoria sobre crimen organizado en el país, la ministra renunció en señal de protesta.
Hugo Noé Pino pinta un panorama igual de sombrío en Honduras. El expresidente del Banco Central reveló que la falta de fondos es tan extrema que algunos pacientes se han visto obligados a llevar sus propios tornillos cuando se someten a cirugías por fracturas óseas en hospitales públicos.
Esto trae a la mente las historias que se conocen sobre Venezuela, pero el país sudamericano está en bancarrota tras haber despilfarrado casi todas sus reservas de moneda dura e incumplir el pago de su deuda externa.
Honduras, por otro lado, podría recurrir fácilmente al mercado de bonos para obtener financiamiento adicional, especialmente en momentos en que las tasas están a niveles mínimos en países desarrollados, lo que obliga a los inversionistas a buscar mayores ganancias en otros lugares. Lo mismo podría hacer Guatemala. Incluso El Salvador puede vender deuda a tasas más o menos en línea con las que paga Costa Rica, un paraíso para los turistas estadounidenses que ha sido durante mucho tiempo un oasis de estabilidad regional. Sin embargo, rara vez lo hacen. Los tres países pasaron dos años sin vender un solo bono en el mercado internacional hasta que Guatemala rompió la sequía el mes pasado.
La austeridad fiscal se ha convertido en algo tan prioritario para estos países, como forma de mantener la inflación bajo control y sus monedas estables, que incluso el Fondo Monetario Internacional, institución ridiculizada durante años por impulsar recortes presupuestarios draconianos, pidió a Guatemala gastar más. «Hay una obsesión con este tema», planteó Ricardo Castañeda, economista de ICEFI, un centro de estudios con sede en Ciudad de Guatemala que se enfoca en la política fiscal.
Pino, quien también se desempeñó como secretario de Finanzas de Honduras, reconoció que el gobierno ha intensificado el gasto en seguridad en un intento por frenar la violencia, pero aseguró que se hizo a expensas de programas de salud y educación. Mientras tanto, los proyectos de vivienda y transporte suelen estar condicionados por el apoyo político. «Se realizan de manera selectiva y no tienen un impacto significativo en los niveles de pobreza», acotó.
Pese al aumento de la inversión en seguridad, Honduras todavía no ocupa un lugar alto a nivel mundial en esta categoría. Ninguno de los tres países lo hace. Sí son líderes es en las tasas de homicidios. Un informe del Banco Mundial sitúa primero a El Salvador, a Honduras en segundo lugar y a Guatemala en el puesto 13.
«La inmigración es un síntoma de las enfermedades que padecemos: violencia, falta de crecimiento económico, falta de inversión en todas las zonas rurales», declaró Nayib Bukele en una conferencia en Washington semanas antes de jurar como presidente de El Salvador. «La gente no deja a sus familias y su país para cruzar tres fronteras y un desierto porque las cosas están bien».
El antecesor de Bukele, Salvador Sánchez Cerén, buscó aumentar el gasto social durante su mandato de cinco años. Sin embargo, el Congreso se opuso a la idea de contraer deuda adicional y el proyecto de ley terminó en nada. Morales también hizo un breve intento de elevar el gasto en Guatemala. Iba a financiarlo elevando la carga impositiva del país, que se encuentra entre las más bajas del mundo, pero la comunidad empresarial se movilizó para eliminar rápidamente ese plan. Los dos candidatos que compiten por suceder a Morales se han comprometido a intentar nuevamente incrementar el gasto.
Mientras tanto, el éxodo desde los tres países sigue creciendo. Más de 144.000 migrantes fueron detenidos en la frontera con EE.UU. en mayo, un salto de 32% respecto a abril y el mayor total mensual en 13 años, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país. Casi el 80% de los detenidos provienen del Triángulo del Norte. Sorprendentemente, cerca de 1 de cada 200 hondureños fue detenido en la frontera el mismo mes.
Todo esto irrita aún más a Trump.
Descargó su descontento públicamente durante días sobre una caravana de inmigrantes que se dirigía hacia la frontera a fines del año pasado. En mayo arremetió contra México y aseveró que el gobierno de ese país no estaba haciendo lo suficiente para detener y procesar a quienes migran ilegalmente o buscan asilo. Amenazó con aplicar aranceles, pero descartó la idea días después luego de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometiera a ampliar el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.
Los migrantes, sin embargo, seguirán apareciendo hasta que las cosas cambien radicalmente en casa.
«Hay una necesidad de invertir mucho más en capital humano, en salud, educación y protección social», expresó Sakho del Banco Mundial. «Esto ha sido la raíz de la falta de oportunidades económicas que estamos viendo y que conduce a la migración».
Tomado de infobae
Aquí en el Salvador por décadas han robado macizo, con la CICIES se espera que devuelvan lo robado.