El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, marchó este jueves junto a indígenas, políticos de diferentes partidos y organizaciones civiles para exigir el respeto a los resultados electorales de este año ante la intención del Ministerio Público (Fiscalía) de revertirlos, como se ha denunciado nacional e internacionalmente.
“Hoy estamos aquí para exigir ya no más corrupción, queremos avanzar hacia el desarrollo digno y hacia una patria justa”, declaró Arévalo de León a la entrada de la Corte Suprema de Justicia ante la mirada de miles de manifestantes y simpatizantes.
El presidente electo, de 64 años, agradeció a las autoridades indígenas por encabezar la defensa de los resultados electorales y “abrir brecha en la lucha por la democracia”.
Tedy Rafael Zapeta, presidente de los 48 Cantones, la organización indígena más grande del país y que lidera las protestas, dijo que la pelea es por los derechos de todos. “Estamos totalmente convencidos de seguir con la resistencia porque estamos peleando nuestros derechos, no podemos permitir que un pequeño grupo venga a imponer su voluntad y no respetar la voluntad del pueblo”, dijo Zapeta.
La marcha partió de la sede del Supremo hacia la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, y culminará en el Ministerio Público (Fiscalía), entidad señalada internacionalmente de intentar revertir los resultados electorales de los comicios del 20 de junio y 25 de agosto.
Arévalo de León recorrió las principales calles del centro histórico de la capital guatemalteca por más de tres kilómetros al lado de su vicepresidenta, Karin Herrera, otros miembros de su partido y con un fuerte contingente de seguridad, respondiendo los saludos de cientos de ciudadanos desde sus negocios y aceras.
Es el primer presidente que participa en una marcha pública en lo que va de siglo en Guatemala.
Arévalo de León resaltó que es importante defender el camino a su toma de poder para “iniciar un nuevo capítulo donde exista justicia, solidaridad, sin discriminaciones”.
En la manifestación participaron diversos políticos como los ex candidatos a la presidencia Edmond Mulet y Roberto Arzú García-Granados, ambos de partidos de derecha.
Las protestas masivas en Guatemala se han mantenido por más de 60 días y han sido en respuesta a diversas acciones judiciales de la Fiscalía contra los comicios, que incluye el secuestro de las boletas que contienen los sufragios.
El rechazo y manifestaciones, han incluido un plantón permanente de las autoridades indígenas de Guatemala frente a la sede de la Fiscalía por más de 60 días, como medida de presión.
El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado el actuar de la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porras Argueta, por considerar que atenta contra “la voluntad expresada en las urnas”.
Durante el último mes, Estados Unidos envió tres funcionarios de alto nivel para reunirse con las autoridades electas, así como con el presidente saliente, Alejandro Giammattei, para resaltar la importancia de que la transición de mando se realice de forma pacífica y democrática.
El jueves la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch pidió a la Unión Europea imponer “urgentemente sanciones selectivas, ya sea bajo su régimen global de sanciones de derechos humanos o un régimen de sanciones ad hoc para abordar las interferencias con el proceso electoral en Guatemala”.
En un carta pública la organización remarcó que la Fiscalía General guatemalteca ha presentado “acusaciones penales espurias” contra periodistas, fiscales y jueces independientes “que han investigado la corrupción, las violaciones de derechos humanos y el abuso de poder”.
“Instamos a la UE y a sus Estados miembros a imponer sanciones específicas, incluida la congelación de activos y la prohibición de viajar, contra altos funcionarios gubernamentales” entre los que mencionó a Porras, sus fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y al juez Fredy Orellana, a cargo de los procesos judiciales contra el proceso electoral.
La tensión en Guatemala creció la semana pasada, cuando el Congreso decidió retirar la inmunidad a cuatro magistrados electorales para que sean investigados por supuestas anomalías en el proceso electotal y posteriormente estos decidieron salir del país.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la presidencia del país en medio de una crisis política inédita y bajo la observación internacional permanente.
