El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pidió este miércoles al actual mandatario, Alejandro Giammattei, que vete el presupuesto propuesto por el Congreso (Parlamento) para 2024, pues considera que contiene “múltiples ilegalidades” que “inducen a la corrupción”.
En una carta pública, Bernardo Arévalo de León puntualizó que el “presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país” y por ello solicitó a Giammattei que lo rechace, como le permite la ley.
“Está en sus manos corregir esta traición al pueblo”, añadió el electo Arévalo de León.
El presidente electo añadió que el presupuesto contiene “múltiples ilegalidades” además de “asignaciones presupuestarias cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción”.
El presupuesto aprobado en noviembre por el Congreso guatemalteco para 2024 fue de 15.600 millones de dólares aproximadamente mientras que en 2023 fue de 14.300 millones de dólares.
Entre los puntos más criticados del presupuesto para 2024 se encuentra un aumento presupuestario de 383 millones de dólares para el Ministerio Público (Fiscalía), institución acusada de intentar revertir los resultados de los comicios celebrados este año.
Además, el nuevo erario nacional contempla reducciones millonarias para las carteras de Salud, Educación y Gobernación (Interior).
El presupuesto fue aprobado por la mayoría oficialista del partido Vamos, del presidente actual, Alejandro Giammattei, junto a sus aliados en el Congreso.
Arévalo de León asumirá el próximo 14 de enero en reemplazo de Giammattei por un período de cuatro años, tras ganar las elecciones con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción.
El presidente electo advirtió el 1 de septiembre pasado que el Ministerio Público (Fiscalía) y “otros actores corruptos” llevan a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura.
El martes, los países del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) pidieron este martes a las autoridades de Guatemala que adopten “todas las medidas necesarias” para asegurar la investidura del presidente electo.
El bloque manifestó en una nota su preocupación por “la judicialización” del proceso electoral en Guatemala e instó “a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente”, en la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto.
En este sentido, exhortó a las autoridades del país centroamericano a tomar “todas las medidas necesarias” para garantizar un proceso de transición presidencial “armónico” que asegure la investidura de “las autoridades legítimamente electas”.
El Ministerio Público de Guatemala aseguró el viernes pasado que las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La presunta invalidación de los resultados fue expuesta por la fiscal Leonor Morales en una rueda de prensa, en la que dijo que deben quedar anuladas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
El Gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Paraguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía “obstruye el proceso democrático en Guatemala”.
