El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, reafirmó el martes, en declaraciones a un medio local, su compromiso en la lucha anticorrupción y destacó el trabajo en conjunto que se viene gestionando con otros países y organismos internacionales.
«Cuando se trata de temas de corrupción se trata también de algo que es necesario para implantar una cultura de transparencia, no solamente en el sector público, sino en todos los órdenes de la vida nacional», afirmó Hernández en declaraciones a la emisora HRN, antes de apuntar que Honduras ya participa «en mesas de trabajo» con EE.UU. y la ONU para luchar contra la corrupción.
Las palabras del mandatario se producen después de que el pasado lunes el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, afirmara al ser cuestionado por Hernández: «No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular».
El vocero, no obstante, se mostró evasivo ante las preguntas de los periodistas y no quiso nombrar por su nombre al mandatario hondureño, sobre quien pesan diversos cargos presentados por la fiscalía de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Este cruce de declaraciones ocurre en momentos en que ha sido presentado un proyecto de ley por parte de ocho senadores demócratas, denominado «Corrupción Desenfrenada», y que aborda temas de derechos humanos y anticorrupción del 2021. La iniciativa buscaría suspender cierta asistencia de Estados Unidos a Honduras, debido los argumentos que apuntan a la poca credibilidad para resolver casos de corrupción, de los cuales ha sido objeto el mandatario hondureño.
Esto ha generado reacciones y algunos expertos sostienen que las determinaciones están basadas en la imagen internacional que tiene Honduras y su débil institucionalidad ante la falta de investigación.
“Ellos lo que están haciendo es retomar bajo el amparo de un aliado estratégico con el gobierno Joe Biden algo que no tenían con el ex gobierno de Trump. Por esa razón, este cambio de gobierno representa una persecución a la corrupción”, explica Josué Murillo, experto en materia penal.
Murillo destaca además que las estrategias de aliados políticos significan acuerdos o tratados para un fin en común y esa podría ser una de las razones para no iniciar investigaciones no solo con funcionarios hondureños sino de otros países centroamericanos.
Pero a raíz de estas investigaciones, la pregunta que surge es por qué la falta de investigación. Pese a los señalamientos, el abogado Raúl Pineda, explica que dicha ley estaría castigando también a la sociedad hondureña, lo que sería lamentable tanto condiciones sociales como económicas.
“Es un hecho que, al decretar estas sanciones, afecta a inocentes acciones dirigidas a la sociedad, pueblos, reducción de ayudas, quienes son las víctimas por culpa de sectores corruptos”, explica Pineda.
Otro punto propuesto en este proyecto de ley cortaría la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad del país, que están implicadas en abusos generalizados de derechos humanos y actividades delictivas.
