El juez del caso penal contra Donald Trump por pagos de dinero para silenciar acusaciones ordenó este viernes posponer indefinidamente la sentencia, una victoria legal para el presidente electo mientras se prepara para regresar a la Casa Blanca.
Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos por delitos graves después de que un jurado determinara que manipuló fraudulentamente registros comerciales para encubrir un supuesto encuentro sexual con la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016.
Trump, quien estaba programado para ser sentenciado el 26 de noviembre, luchó contra cualquier intento de imponerle sentencia antes de asumir la presidencia en enero.
“Se concede la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia, en la medida en que la fecha del 26 de noviembre de 2024 queda aplazada”, dijo el juez Juan Merchan en una orden judicial.
El equipo legal de Trump citó un fallo de la Corte Suprema que otorga a los presidentes una amplia inmunidad por actos oficiales.
Ese fallo histórico, emitido por una Corte con una mayoría conservadora de 6-3, determinó que los presidentes tienen una amplia inmunidad frente a procesos judiciales por una variedad de actos oficiales cometidos mientras ocupan el cargo.
“Solicitud de desestimación”
Antes de las elecciones, los abogados de Trump solicitaron que el caso fuera desestimado a la luz de la decisión de la Corte Suprema, una medida que los fiscales rechazaron firmemente.
Este viernes, el juez concedió a Trump el permiso para buscar que se anule la condena, lo que probablemente implicará varias audiencias adicionales que podrían retrasarse una vez que Trump asuma la presidencia.
“La solicitud del acusado para presentar una moción de desestimación es concedida”, añadió la orden de Merchan.
En un caso separado sobre la interferencia en las elecciones de 2020, el fiscal especial Jack Smith solicitó la anulación de los plazos, retrasando el caso indefinidamente, aunque sin descartarlo por completo.
La medida está en línea con la política de larga data del Departamento de Justicia de no procesar a presidentes en ejercicio.
El fiscal de Manhattan reconoció previamente en correspondencia con el tribunal que “estas son circunstancias sin precedentes” y pidió equilibrar los intereses contrapuestos del veredicto del jurado y la elección de Trump.
El ex fiscal general de Trump, Bill Barr, dijo anteriormente que tanto el caso de Nueva York como otros en todo el país habían sido “evidentemente presentados con fines políticos (y) ahora han sido extensamente debatidos y rechazados en la opinión pública”.
Trump ha calificado repetidamente el caso del dinero para silenciar acusaciones como una “cacería de brujas”, afirmando que “debería ser terminado con justicia”.
Además del caso en Nueva York, presentado por fiscales estatales, Trump enfrenta dos casos federales activos: uno relacionado con su esfuerzo por revertir las elecciones de 2020 y otro vinculado al manejo indebido de documentos clasificados después de dejar el cargo.
Sin embargo, como presidente, tendría la capacidad de intervenir para poner fin a esos casos, y Smith, el fiscal especial a cargo de ambos, aparentemente ha comenzado a cerrarlos.
Un juez federal designado por Trump ya desestimó el caso de los documentos, pero Smith buscó apelar esa decisión.
