El Gobierno de Emmanuel Macron consiguió una victoria agridulce en la Asamblea Nacional. El rechazo a las dos mociones de censura opositoras significa la adopción definitiva de la reforma de pensiones, pero el resultado más ajustado de lo esperado deja debilitado al Ejecutivo y plantea desafíos para garantizar la gobernabilidad.
La principal de las dos mociones, impulsada por el centrista Charles de Courson y apoyada por varios partidos de la oposición, consiguió 278 votos, nueve menos de los necesarios para su aprobación, que hubiera significado la caída del gabinete de la primera ministra Élisabeth Borne y de la controvertida reforma de pensiones.
Aunque este es el decimoquinto voto de confianza que enfrenta Borne, la oposición nunca había estado tan cerca de un resultado exitoso. Al respaldo de toda la izquierda y la extrema derecha se sumaron los centristas independientes, algunos regionalistas y, sobre todo, 19 diputados de Los Republicanos, la derecha tradicional, que rompieron con la dirección de su partido.
Una segunda moción de censura, presentada por Agrupación Nacional de extrema derecha y sin el respaldo del resto de la oposición, también fue descartada.
Tras recibir el visto bueno del Senado, el Gobierno de Emmanuel Macron hizo uso el jueves pasado del artículo 49.3 de la Constitución francesa para saltarse a la cámara baja (en la que no tiene mayoría) y adoptar la reforma pensional. Esto desató las críticas de casi toda la oposición y alimentó aún más las protestas en las calles.
En una declaración apenas consumada la votación, la presidenta del grupo parlamentario de izquierda NUPES en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, consideró que el resultado muestra que un «gobierno que ya está muerto a los ojos de los franceses».
En esa línea, la líder de extrema derecha Marine Le Pen instó a Macron a «escuchar lo que políticamente dice esta votación» y aseguró que Borne «debe partir» o el presidente francés «debe renunciar».
Mientras que Jean-Luc Mélenchon, del izquierdista La Francia Insumisa, afirmó que «esta noche algo se rasgó a fondo» y que «el divorcio es completo y nadie está con él», en referencia a Macron. Frente a la aprobación de la reforma pensional, indicó que es momento de «ir a la censura popular», «en cualquier lugar y en cualquier circunstancia».
A nivel institucional, NUPES ya presentó un recurso ante el Consejo Constitucional para que revise la reforma y mantenga la edad de jubilación en los 62 años (en lugar de los 64 que propone el proyecto). También Agrupación Nacional anticipó que recurrirá al Consejo, por lo que, pese a estar aprobada, la reforma pensional no podrá implementarse hasta que se completen esas revisiones.
¿Triunfo de la oposición?
La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, por su parte, consideró que “el Gobierno pierde legitimidad” y apeló a Macron a convocar un referéndum sobre la reforma de las pensiones.
Le Pen consideró que la crisis política que vive el país solo puede superarse “por las urnas”, por lo que pidió una disolución de las cámaras y la convocatoria de legislativas.
Los opositores a la reforma siguieron manifestando en contra de la misma en varias ciudades del país, mientras que el sindicato más combativo, la CGT, aseguró que la aprobación de la reforma “no frena la determinación de los trabajadores”.
Poco después de las votaciones en la Asamblea, se formó una concentración en la plaza Vauban, junto al mausoleo de Napoleón, en contra de la reforma.
Varios sectores, como los transportes, la educación o la recogida de basuras de diversas ciudades, mantienen llamamientos a la huelga en los próximos días y los sindicatos han convocado una novena jornada de paros y manifestaciones para este jueves.
Durante el debate de las mociones de censura, la primera ministra defendió que la reforma fue uno de los compromisos de Macron durante la campaña y acusó a la oposición de otorgar más legitimidad a la calle que a las instituciones.
“Acaba la vía democrática de esta reforma esencial”, indicó la jefa del Gobierno tras el rechazo de las mociones.
La jefa del Gobierno aseguró que “nadie tiene el monopolio para hablar en nombre del pueblo” y pidió respeto por las instituciones democráticas.