Luego de que, este sábado, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobara el Informe de una de las comisiones que investiga supuestos actos de corrupción del círculo cercano del presidente Guillermo Lasso y sugiriera el enjuiciamiento político de censura del mandatario, el oficialismo salió a criticar duramente el accionar de los legisladores.
El propio Presidente utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que el informe -que contiene “elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme”- carece de sustento lógico, probatorio y jurídico y publicó, junto al mensaje, una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en la que se pone a disposición de la Justicia y le pide que, llegado el momento, “desarrolle todas las investigaciones pertinentes, con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita”.
Así, confía en que la acusación “se enfrenta a la imposibilidad lógica de probar un hecho falso y a la imposibilidad jurídica de probar la autoría por omisión en delitos en los que tal figura no aplica” y que “más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, he dispuesto que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a esos efectos decidiese abrir, y principal, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la última definición del Parlamento sobre el caso, lo que consideró como “un evidente acto de desestabilización y no de fiscalización”.
“Muchas voces a lo largo y a lo ancho del país han repudiado este informe, inclusive personas que son críticas del Gobierno”, se explayó y lamentó que “el pleno de la Asamblea Nacional una vez más le ha fallado al país al acoger un bochornoso informe de la comisión ocasional que, en la forma, carece de validez jurídica y no es vinculante”.
En ese sentido, el Ministro agregó que en el documento -al cual se refiere como un “mamotreto que no tiene ni pies ni cabeza”- no se incluyen evidencias de actos ilícitos por parte del mandatario y, por tanto, “no hay mérito alguno para un juicio”. Sin embargo, la oposición asegura que sí existen tales pruebas y que Lasso estaba al tanto de las operaciones y no actuó para frenarlas.
De todas formas, Cucalón se mantuvo tranquilo en su postura y mencionó que la Asamblea Nacional será quien decida “acogerlo o no y, aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político”.
El informe en cuestión, presentado por la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia, y la Lucha contra la corrupción, investiga el caso denominado “Encuentro” -también conocido como “Gran Padrino”- y evalúa el rol del mandatario y su círculo en una presunta trama de corrupción de empresas públicas. En ella figurarían nombres como Danilo Carrera, cuñado de Lasso; Hernán Luque, ex delegado del presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, aunque fue archivada.
La sesión de hoy concluyó con la luz verde con 104 votos a favor, de los 125 asambleístas presentes, y sólo 18 estuvieron en contra y tres se abstuvieron. La resolución se amparó en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución, en la que se menciona la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos “contra la seguridad del Estado” o por “concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito”. También establece que para ello “se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”.
Si bien la aprobación de este sábado constituye simplemente una sugerencia y no significa que se inicia automáticamente el juicio, esto abre paso a que un legislador presente la solicitud formal del juicio político. Para ello, requiere del respaldo de por lo menos otros 46 legisladores.
La sesión comenzó cerca de las 8:00 horas y se extendió durante siete horas en las que se leyó la totalidad del informe e intervinieron los 41 legisladores.
Ya el miércoles, la Comisión había recomendado al pleno del Parlamento que interpelara a Lasso por los supuestos actos de corrupción por los que está siendo investigado, una postura respaldada por seis de los integrantes y sólo objetada por uno.
El avance de la investigación por parte de la Comisión legislativa se da en un momento en el que el Gobierno de Lasso está debilitado tras haber sufrido un duro golpe político el pasado 5 de febrero, cuando fue derrotado por la oposición en un referéndum que el oficialismo mismo impulsó con temas clave como seguridad, democracia y medioambiente.
