El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció este lunes el fin de su trabajo humanitario en Nicaragua, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por las autoridades de ese país.
“Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el CICR ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país”, señaló la delegación en su misiva fechada en Ciudad de México.
En marzo de 2022, el gobernante de izquierdista Daniel Ortega había expulsado del país al delegado del CICR en Nicaragua, Thomas Ess.
El organismo y el gobierno de Ortega habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. El CICR había abierto su misión un año atrás, cuando el autócrata enfrentó tres meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU, así como numerosos lesionados y detenidos.
La delegación recordó que su labor comprendía, además de las visitas carcelarias, el apoyo al trabajo de la Cruz Roja local, antes de que ésta fuera clausurada por el Congreso de Nicaragua.
Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario.
En mayo de este año, el Legislativo, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja nicaragüense, que operaba desde 1931, tras acusarla de violar la neutralidad en las manifestaciones que el gobierno denunció como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos.
También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno.
Proscritos por miles
El rechazo del oficialismo hacia la Cruz Roja local se debió a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas, según medios de oposición (editados en el exterior).
La representación regional del CICR para México y América Central “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, añadió el comunicado.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas.
Ante una propuesta de Ortega, en junio de 2022 el congreso clausuró la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras 82 organizaciones no gubernamentales, acusadas de realizar actividades al margen de la ley.
En marzo pasado puso fin a sus relaciones con El Vaticano, luego de que el papa Francisco describiera al gobierno de Ortega como “una grosera dictadura”.
La semana pasada, Nicaragua también retiró a su embajador en Buenos Aires tras la llegada a la presidencia argentina de Javier Milei, quien ha criticado reiteradamente al gobierno de Managua.
También días atrás, la dueña de la franquicia local de Miss Universo, Karen Celebertti, presentó su renuncia después de que el certamen fuera ganado por la nicaragüense Sheynnis Palacios, la primera centroamericana en ser coronada en la gala celebrada en El Salvador.
Celebertti fue acusada por la policía de “conspiración”, “traición a la patria” y “lavado de dinero” tras las celebraciones masivas en las calles, pese a que las manifestaciones están prohibidas desde 2018.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, dijo que el festejo derivó en un “golpismo destructivo”.
