El estado de Florida ha aprobado un conjunto de leyes migratorias más estrictas, que incluyen la pena de muerte para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado y la violación infantil. Según informó AP, el gobernador Ron DeSantis firmó las nuevas disposiciones este jueves, consolidando a Florida como uno de los estados con políticas migratorias más severas en Estados Unidos. La legislación ha provocado un intenso debate y críticas por parte de grupos defensores de los derechos civiles y legisladores demócratas, quienes advierten sobre posibles violaciones constitucionales.
De acuerdo con AP, las leyes incluyen una inversión de aproximadamente 298 millones de dólares destinados a fortalecer la aplicación de las normativas migratorias. Este presupuesto permitirá la contratación de más de 50 agentes de seguridad dedicados exclusivamente a la supervisión de inmigrantes, así como la compra de nuevos equipos, capacitaciones y bonificaciones para quienes colaboren con las autoridades federales. Además, se contempla el reembolso de los costos derivados del uso de instalaciones de detención.
El paquete legislativo forma parte de una estrategia más amplia de los republicanos para reforzar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha respaldado medidas similares en otros estados. Con estas leyes, Florida se posiciona a la vanguardia de los territorios que buscan endurecer la legislación contra la inmigración ilegal, alineando sus recursos locales con las estrategias federales en materia de seguridad fronteriza.
Conflicto interno entre republicanos y el gobernador DeSantis
El proceso legislativo que llevó a la firma de estas leyes estuvo marcado por divisiones dentro del propio Partido Republicano. Según AP, el gobernador DeSantis mantuvo un desacuerdo prolongado con líderes republicanos en el estado, quienes inicialmente presentaron propuestas más moderadas que fueron rechazadas por el mandatario. DeSantis consideró que las iniciativas originales eran insuficientes y una “traición” a los votantes conservadores.
El senador republicano Joe Gruters, aliado de Trump y patrocinador clave del paquete legislativo, admitió que el proceso dejó “heridas” entre los involucrados, pero aseguró que la aprobación de las leyes representa una victoria para el presidente. “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, afirmó Gruters, según consignó AP.
Las tensiones entre DeSantis y los sectores más leales a Trump han sido evidentes en otros ámbitos de la política estatal y nacional. Mientras algunos republicanos ven al gobernador de Florida como un posible contendiente presidencial en 2028, sus diferencias con la base trumpista han generado fricciones dentro del partido.
Medidas adicionales y cuestionamientos constitucionales
Además de la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, la nueva legislación tipifica como delito el reingreso a Florida de personas que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos y endurece las penas para cualquier infracción cometida por no ciudadanos.
Sin embargo, la medida más controvertida ha sido la aplicación de la pena capital, que según expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos podría ser inconstitucional. AP reportó que opositores a la ley han citado precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos para argumentar que esta disposición podría ser impugnada en los tribunales.
Otra reforma significativa dentro del paquete legislativo es la eliminación del acceso a matrículas estatales para estudiantes indocumentados en universidades públicas. La revocación de esta política ha sido duramente criticada, ya que afecta a jóvenes que han crecido y estudiado en Florida, muchos de ellos beneficiarios de programas como DACA.
Otros estados del sur refuerzan restricciones migratorias
Florida no es el único estado que ha endurecido su postura frente a la inmigración ilegal. Según AP, legisladores en Alabama y Georgia han aprobado medidas similares que buscan reforzar la cooperación con el gobierno federal en la detención y deportación de inmigrantes.
En Alabama, el Senado estatal aprobó un proyecto de ley que exige la recolección de ADN de inmigrantes detenidos, prohíbe el reconocimiento de licencias de conducir emitidas en otros estados sin prueba de ciudadanía y criminaliza el transporte de personas indocumentadas. En Georgia, la legislatura aprobó una norma que permite demandar a gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias.
El endurecimiento de las leyes en estos estados ha sido impulsado en parte por casos recientes de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes indocumentados. En Georgia, una legislación aprobada el año pasado fue motivada por el asesinato de una estudiante universitaria, presuntamente a manos de un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente al país.
Reacciones y preocupación en las comunidades imigrantes
Las nuevas leyes han generado inquietud entre las comunidades inmigrantes y sus defensores, quienes temen que estas medidas fomenten la discriminación y el perfilamiento racial.
En Alabama, Jasmín Hernández Alamillo, hija de inmigrantes mexicanos y recién graduada de la Universidad de Alabama en Birmingham, expresó su preocupación por el impacto que estas políticas tendrán en las comunidades vulnerables. “No quiero ser parte de un estado que perpetúe este sentimiento negativo hacia las comunidades marginadas”, declaró, según AP.
Organizaciones de derechos civiles han advertido que las disposiciones aprobadas en Florida y otros estados del sur podrían llevar a detenciones arbitrarias y abusos por parte de las fuerzas del orden. Algunos críticos han señalado que estas leyes forman parte de una estrategia política de los republicanos para consolidar el apoyo de su base de votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Un endurecimiento generalizado de las políticas migratorias en el sur de EEUU
Con la aprobación de estas leyes, Florida, Alabama y Georgia se consolidan como los estados con políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos. La tendencia apunta a una mayor colaboración entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, lo que podría derivar en un aumento de detenciones y deportaciones en los próximos meses.
El debate sobre la legalidad y las implicaciones de estas medidas se mantiene abierto. Mientras los republicanos defienden estas leyes como una respuesta necesaria para combatir la inmigración ilegal, los opositores advierten que podrían vulnerar derechos fundamentales y afectar a miles de familias. Según AP, se espera que la constitucionalidad de algunas disposiciones, especialmente la pena de muerte para ciertos delitos cometidos por inmigrantes indocumentados, sea impugnada en tribunales en los próximos meses.
