Un grupo de migrantes centroamericanos que llegaron el domingo a la frontera sur de Estados Unidos decidieron entregarse y pedir asilo el domingo, en un desafío directo al gobierno del presidente Donald Trump.
Pero las autoridades de inmigración de Estados Unidos anunciaron que el cruce de San Diego ya estaba ocupado a su máxima capacidad y que por el momento no los recibiría.
Casi 200 migrantes, muchos de los cuales viajan con niños, habían decidido solicitar asilo en el cruce de San Diego, dijeron los organizadores de la caravana que los llevó de frontera a frontera por México.
os migrantes hicieron la travesía a pie, sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes. Y muchos de ellos dijeron que temían por sus vidas en sus países de origen.
El gobierno de Trump ha estado siguiendo los pasos de la caravana, a la que califica de amenaza para Estados Unidos, desde que comenzó el 25 de marzo en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala.
El secretario de Justicia Jeff Sessions ha dicho que la caravana es un «intento deliberado de socavar nuestras leyes y sobrecargar nuestro sistema».
Funcionarios del gobierno de Trump han criticado lo que llaman políticas de «detener y liberar», que permiten que un inmigrante detenido solicite asilo y sea dejado en libertad dentro de Estados Unidos mientras su caso avanza como parte de un proceso que puede durar un año.
Horas antes, los migrantes abordaron cinco viejos autobuses escolares para asistir a una manifestación en una playa de Tijuana, donde se les sumaron simpatizantes en ambos lados de la frontera, y algunos treparon la barrera divisora para sentarse o agitar banderas.
Wendi Yaneri García dijo que confiaba en que sería dejada en libertad mientras se procesa su caso debido a que viaja con su hijo de 2 años, quien ha estado enfermo.
“Lo único que quiero es un lugar dónde trabajar y criar a mi hijo”, dijo la mujer de 36 años originaria de Honduras.
Dijo que la policía de la ciudad de Atlántida, Honduras, la encarceló por protestar contra la construcción de una planta hidroeléctrica y que recibió amenazas de muerte tras ser excarcelada.
Nefi Hernández, de 24 años, dijo que una pandilla de su ciudad natal, San Pedro Sula, Honduras, lo amenazó de muerte a él y a su familia si es que no vendía drogas. Dijo que pediría asilo junto con su esposa y su hija, quien nació durante la travesía por México.
José Cazares, de 31 años, dijo que sufrió amenazas de muerte en la ciudad hondureña de Yoro porque un pandillero sospechoso de matar a la madre de sus hijos supo que uno de éstos denunció el crimen a la policía.
El futuro de estos migrantes es incierto si piden asilo. Abogados estadounidenses de inmigración les advirtieron que podrían llegar a ser separados de sus hijos o que podrían ser detenidos durante meses.
La secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen dijo que las solicitudes de asilo serían procesadas de «manera rápida y eficiente», pero advirtió que podrían presentar cargos contra aquellos solicitantes de asilo que hagan declaraciones falsas a las autoridades, así como contra las personas que ayuden u orienten a los inmigrantes a hacer declaraciones falsas.
Funcionarios del gobierno de Trump y sus aliados sostienen que el fraude de asilo está creciendo y que muchos solicitantes son orientados sobre cómo obtener asilo.
Los solicitantes de asilo generalmente son detenidos durante tres días en la frontera y luego son entregados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Si pasan una evaluación inicial con un funcionario de inmigración, los solicitantes pueden quedar detenidos o salir en libertad en Estados Unidos, pero con un monitor de ubicación en el tobillo.
