El subsecretario interino del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo el domingo que el gobierno del presidente Daniel Ortega niega a los nicaragüenses el acceso a la información.
En un mensaje el domingo en su cuenta de Twitter, el funcionario estadounidense se refirió a la orden de un juez de embargar los bienes de la empresa Nicavisión, que representa al medio televisivo Canal 12, crítico del gobierno, por una supuesta deuda fiscal que ascendería al medio millón de dólares.
“Daniel Ortega estrangula la disidencia y niega a nicas el acceso a la información. En vísperas de la independencia, el régimen usa medidas fiscales espurias para cerrar canales de TV independientes vitales. Hasta que Ortega suelte el control, los nicas no serán libres”, dijo Kozak en su tuit.
La medida fue catalogada de “arbitraria y excesiva” de parte de los directivos de la empresa, que denunciaron la medida en una nota de prensa divulgada el sábado en sus redes sociales.
“Producto de un reparo arbitrario e ilegal sobre nuestras declaraciones de impuestos sobre la renta del año 2011- 2012 y 2012 -2013 (y) actuando de manera excesiva e ilegal, el juez embargó además la totalidad de los bienes personales de nuestro administrador Mariano Valle”, denunció la directora de Nicavisión, Carolina Valle.
La Dirección General de Ingresos también impuso una orden a Canal 10, la estación televisiva más vista en Nicaragua, y le comunicó que el gobierno espera el pago de 110 millones de córdobas, unos tres millones de dólares, aunque aún no se ha ejecutado una orden para el embargo de sus bienes.
Guillermo Medrano, miembro de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, exigió al gobierno de Nicaragua respetar el libre ejercicio de la labor periodística en Nicaragua.
“Nos solidarizamos por este nuevo ataque feroz por parte del gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente. Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independientes”, dijo Medrano.
La presión fiscal sobre estas dos empresas pone en riesgo las únicas voces críticas a la gestión de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, en la televisión nacional.
Sin embargo, el gobierno no solo ha centrado sus acciones en los medios de comunicación. El sector privado denunció que más de 200 empresas enfrentan una situación similar, que catalogaron como un “terrorismo fiscal”.
Con información denla Voz de América
