El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes que decretó el estado de excepción para todo el país ante un aumento de los índices de violencia a causa del narcotráfico, ordenando la movilización en las calles de policías y militares.
«Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional», dijo el mandatario en una alocución transmitida por el canal estatal EcuadorTV.
Lasso, quien asumió en mayo pasado, dijo que «en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico» y que «en los últimos años el Ecuador ha pasado de ser un país de tráfico de drogas a uno que también consume drogas».
Se declaró el «estado de excepción por grave conmoción interna», debido al «aumento de la actividad delictiva», especialmente en provincias donde las estadísticas advierten de un repunte del crimen, apuntó el mandatario.
Lasso anunció además la creación de un «comité de defensa legal de la fuerza pública» encargada de defender a policías o militares que puedan ser demandados por ciudadanos en el marco de acciones de seguridad.
Según la disposición presidencial, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional llevarán a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones. “Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen”, citó el diario local El Comercio.
Cambio de ministro de Defensa
El gobernante de derecha también decidió el lunes cambiar a su ministro de Defensa en medio de una crisis carcelaria y una «etapa de inseguridad» en la nación, todo por efectos del narcotráfico.
Entre enero y agosto de este año en el país se registraron 1.427 asesinatos, 55 más que los de todo el 2020, según el ministerio de Gobierno (Interior).
Hace dos semanas, miembros de grupos criminales vinculados a cárteles de México y Colombia que están presos y se disputan el poder se enfrentaron a bala en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste), dejando 119 reclusos muertos en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina.
