Diputados oficialistas de Guatemala presentaron el jueves una querella ante los Tribunales de justicia en contra del fiscal Rafael Curruchiche quien en la víspera solicitó el retiro de inmunidad del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, acusándolo de fomentar la corrupción.
El pedido de Curruchiche también ha generado cuestionamientos fuera del país por organismos como la Unión Europea.
Curruchiche, un fiscal cuestionado y sancionado por más de 40 países que le han prohibido la entrada a sus territorios señalándolo de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país centroamericano, arremetió contra Arévalo y dijo que pidió retirarle la inmunidad por los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
Samuel Pérez, líder de los diputados oficialistas dijo que presentaron una querella ante gestión penal de los tribunales, que definirán qué juez conocerá de la queja, contra Curruchiche por los delitos de abuso de autoridad, infracción de privilegio y denegación de justicia, por haber iniciado investigaciones contra el mandatario.
“No presentamos la querrella ante la fiscalía porque ellos no se van a investigar a sí mismos, hay cero confianza, ni nosotros ni el pueblo de Guatemala cree en la fiscalía”, dijo el diputado.
El diputado Pérez cuestionó que a sabiendas que Arévalo tiene inmunidad, “(el Ministerio Público MP) presentó un caso mediocre, con documentos y audios que fueron obtenidos de manera ilegal, y sustentado con puros pantallazos, evidenciando incompetencia e ignorancia por parte del MP, que es un grupo criminal que hoy conduce la investigación penal en Guatemala”.
Esta es la sexta vez que la fiscalía solicita el retiro de inmunidad del presidente, tres fueron cuando era candidato presidencial y tres ya durante su mandato. Ninguna de las solicitudes hechas ha sido otorgada.
En un comunicado la Unión Europea también dijo que las acciones de la fiscalía “forman parte de un patrón más amplio y altamente preocupante de denuncias e investigaciones políticamente motivadas contra el gobierno actual”.
Además, les preocupa el uso “indebido y la instrumentalización del sistema de justicia, en particular a raíz de las elecciones de 2023 y los esfuerzos persistentes para socavar la voluntad del pueblo guatemalteco”.
Pérez además señaló al fiscal y a su jefa, la fiscal general Consuelo Porras, de “mediocridad y desesperados”, por hacer las acusaciones contra el presidente.
Según la fiscalía el presidente “en el ejercicio del cargo… emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco de sus funciones y atribuciones… (autorizando) pago a contratistas del Estado, específicamente a constructores de obras contratados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Arévalo tiene inmunidad por el cargo y no puede ser investigado, sin embargo, Curruchiche dijo que ya había recibido documentos y algunas evidencias relacionadas al caso, como un audio del presidente.
El audio al que el fiscal hace alusión se hizo público hace unas semanas en redes sociales; en él se escucha una conversación telefónica entre el presidente y la entonces ministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega, ambos con inmunidad en ese momento.
En el audio Arévalo dice que destituye a de la Vega por haber desatendido su orden de pagar a las empresas constructoras que no tuvieron denuncias de corrupción pues, en lugar de eso, la ministra habría pagado, entre otros, a empresarios responsables de nuevas obras.
La conversación telefónica fue filtrada y apareció en redes sociales, Arévalo confirmó que se trataba de una conversación en la que él participaba y dijo que tal filtración demostraba que él estaba en lo correcto al destituir a de la Vega.
Arévalo, ha dicho públicamente que ordenó priorizar pagos a empresas que estaban libres de actos de corrupción.
El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras mantiene una arremetida contra el gobierno de Arévalo desde 2023 cuando se conoció que él se disputaría la presidencia, que finalmente ganó.
La arremetida ha alcanzado a su partido político Movimiento Semilla, miembros del partido, funcionarios de gobierno, funcionarios electorales e incluso a ciudadanos que recibieron, resguardaron y contaron los votos de las elecciones.
Al igual que Curruchiche, Porras su secretario general Ángel Pineda y otros funcionarios de la fiscalía han sido sancionados por 40 países entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea.
“Ni fuerte ni firme, el Ministerio Público de Consuelo Porras está débil y desesperado… El MP puede seguir fabricando casos cada vez más ridículos mientras tanto el gobierno de Semilla va a seguir trabajando y dando resultados al pueblo de Guatemala», dijo Pérez.
