El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso este martes , a través de unas reformas legales, denegar el ingreso al país de personas, incluyendo ciudadanos nicaragüenses, «que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social».
También imponer una pena de dos a seis años de prisión a la persona que ingrese al país, salga o pretenda salir de Nicaragua, de forma no regular, «con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, comprometer la paz, alterar el orden constitucional, fomentar o provocar, conspirar e proponer, inducir a actos terroristas de desestabilización económica y social del país».
Ortega elevó esas peticiones en una iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Migración y Extranjería; y de adición al Código Penal de la República de Nicaragua, que envió para su aprobación a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde los aliados, los sandinistas, tienen mayoría absoluta.
«Es decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar la permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida», sostuvo Ortega en el proyecto.
Es decir, será discreción de Migración y Extranjería decidir quién entra y quién sale de Nicaragua. Podrán denegar visas a ciudadanos de otras nacionalidades
En su exposición de motivos, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, dijo que el Ministerio del Interior, a través de Migración y Extranjería, garantizará la entrada y salida de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades de manera ordenada, regulada y segura, «respetando su dignidad y derechos humanos».
En el artículo 10, punto número 11, establece que Migración y Extranjería está facultada para autorizar o denegar las visas de entrada al territorio nacional a ciudadanos de otras nacionalidades.
Y en el punto número 12, del artículo 10, establece que esa entidad está autorizada para denegar el ingreso al país de personas que puedan menoscabar la soberanía nacional o representen un riesgo social.
Además, tendrá facultad de otorgar, denegar o cancelar las prórrogas de estancia y residencia a los ciudadanos de otras nacionalidades; y conocer y resolver el otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida.
Prisión por evasión de control fronterizo
En su artículo 318 establece que comete el delito de evasión de control fronterizo quien ingrese, salga o pretenda salir del territorio nacional, de forma no regular, evadiendo los controles migratorios de los puestos fronterizos o por cualquier punto no habilitado, con fines de menoscabar la integridad, la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, y será sancionado con prisión de dos a seis años.
La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más ha denunciado que han documentado 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que es cuando una persona, a pesar de figurar como nacional de un Estado según su legislación, no puede disfrutar de los derechos y la protección asociados a dicha nacionalidad.
Entre los grupos más afectados están personas religiosas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, y políticos opositores, según ese organismo.
Ortega propuso la semana pasada una reforma profunda a la Constitución, aprobada ya por el Legislativo en primera lectura, que establece que el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia, la cual contará con un copresidente y una copresidenta que ejercerán sus funciones por un período de 6 años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular, entre otros.
