La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó el lunes al gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de nueve opositores presos, y que mientras ello ocurre tome medidas para garantizar su integridad y su vida.
En una resolución de medidas provisionales publicada este lunes, la CorteIDH requiere al Estado nicaragüense «que proceda a la liberación inmediata» del presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, y el vicepresidente de ese grupo, Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.
La lista la completan los comunicadores Jaime Arellano y Miguel Mendoza, el líder estudiantil Max Jerez y los ex exdiplomáticos Mauricio Díaz Dávila y Edgar Parrales, estos dos últimos bajo arresto domiciliar.
«Las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021», señala la resolución.
La CorteIDH también ordenó al gobierno de Daniel Ortega que «proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios».
Los jueces también requirieron al Estado «adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad» de las personas beneficiarias de las medidas y de sus núcleos familiares.
Esta resolución es una ampliación de otras que la CorteIDH ha venido emitiendo en los últimos meses en favor de opositores presos en Nicaragua que se mantienen en prisión.
La privación de libertad por razones políticas, señalada por los organismos humanitarios, se acentuó en 2018, cuando los nicaragüenses salieron en masa a protestar contra Ortega, y fueron violentamente reprimidos por policías y paramilitares, que causaron más de 355 muertos y al menos 2.000 heridos.
La supuesta corte internacional de sus tambien supiestos derechos humanos deberia pronunciarse en las masivas violaciones de paises, como Irák, Libia, Siria y Afghanistan, solo en este ultimo pais dejaron 76 000 civiles asesinados despues de 20 anos