La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá instaló este viernes una sesión permanente para determinar la validez de un contrato millonario entre el Estado y la empresa Minera Panamá para extraer cobre en una zona boscosa, un caso que ha levantado polémica y causado protestas y cierres de carreteras en el país.
El inicio del proceso se produce tras culminar el jueves el periodo de alegatos de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406, referente al contrato, presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano. Al mismo tiempo, otra reclamación fue llevada ante el Supremo por la jurista Martita Cornejo.
Existen 10 demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra de la Ley 406; sin embargo, la Corte Suprema sólo debatió las dos primeras en ser admitidas por razones de economía procesal y por la regla del artículo 2566 del Código Judicial, indicó la CSJ en un comunicado.
Desde el pasado 13 de noviembre, los magistrados recibieron 89 argumentos en la primera demanda admitida, y 37 en la segunda.
El Pleno de la CSJ, presidido por María Eugenia López Arias, define este viernes en el Palacio de Justicia Gil Ponce, no solo la vigencia y validez de una ley, sino la paz social del país, advierten analistas, quienes aseguran que el fallo de inconstitucionalidad del contrato minero traería respiro a la población, luego de más de un mes de protestas, cierres de carreteras y paralización del país.
En las manifestaciones, lideradas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, educadores, grupos indígenas y por jóvenes desde las redes sociales, los activistas exigen que se derogue el contrato y que el gobierno convoque a una moratoria minera y a un referendo para decidir sobre la política del país en esa materia.
Ante el ambiente de crispación, el presidente Laurentino Cortizo se comprometió a suspender otras concesiones mineras. Sin embargo, las protestas se mantuvieron en las calles contra la Ley 406, al considerar que las extracciones de cobre ponen en riesgo el medio ambiente del país y fuentes de agua cercanas que se usan para consumo humano.
Según el contrato, la empresa tiene derecho a extraer y vender cobre y otros minerales afines durante 20 años, prorrogables a 20 más, en una zona de extracción a cielo abierto ubicada en un área boscosa.
La duración de la sesión permanente del Supremo panameño para definir la validez de la Ley 406 dependerá del tiempo que tome el análisis, debate y discusión del proyecto por parte de los magistrados del Pleno de la CSJ.
“Esta resolución de la Corte debe ser declarada inconstitucional. El pueblo los está viendo señores magistrados. Los abogados estamos unidos, representamos a miles de abogados y estamos con el pueblo, no a la corrupción”, dijo el abogado Gonzalo Moncada Luna, como parte del movimiento de abogados que han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia para manifestarse en contra de la minería.
Para Martita Cornejo, abogada demandante del contrato minero, una vez se emita el fallo de inconstitucionalidad y sea publicado en Gaceta Oficial, el gobierno debe notificar a la empresa minera el cese de sus operaciones de extracción de material mineral, es decir, que Minera Panamá no podrá seguir operando posterior al fallo.
El contrato minero fue aprobado por el Consejo de Gabinete el 10 de octubre de 2023; presentado a la Asamblea Nacional el 16 de octubre, y aprobado en tercer debate, sancionado por el presidente Cortizo y promulgado en Gaceta Oficial el 20 de octubre, todo el mismo día.
