El juez Arthur Engoron desestimó así un recurso interpuesto por el propio Trump y dos de sus hijos Ivanka y Donald Jr., de negarse a declarar en la investigación abierta por la fiscal de Nueva York, que ha encontrado en su investigación «pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos».
A petición de la fiscal y frente a la negativa de los tres investigados, el juez Arthur Engoron ordenó a los Trump que acudan a su despacho en un plazo de 21 días. Engoron lo decidó e hizo público después de una audiencia de dos horas con los abogados de la oficina de Trump.
«Una Fiscal General del Estado comienza a investigar a una entidad comercial, descubre abundante evidencia de posible fraude financiero y quiere interrogar bajo juramento a varios de los directores de las entidades, incluido su homónimo», describió el juez en su resolución. «Ella -la fiscal- tiene todo el derecho de hacerlo”, concluyó.
Los Trump pueden ahora apelar, pero no lo tienen fácil para que un tribunal anule el fallo favorable a James. Si efectivamente apelan y pierden, los tres tendrán que tomar la decisión de si hablan «con verdad» o bien se acogen a la Quinta Enmienda de la Constitución, que les otorga el derecho a no declarar en su contra.
El veredicto afirmativo sobre el testimonio de Trump e hijos llega en la misma semana en que la que fue la firma contable de la empresa familiar durante tres decenios, Mazars, rompiera sus relaciones con el expresidente al constatar que sus cuentas «no son de fiar»: un duro golpe para el dirigente republicano.
Semanas antes, la fiscal había hallado “evidencias adicionales significativas de que la Organización Trump utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, seguros de cobertura y deducciones tributarias”.
El caso civil se sigue en paralelo a otro de carácter penal sobre la responsabilidad criminal de Trump y compañía en los presuntos fraudes.