Tres líderes opositores de Nicaragua que intentaron retar al sandinista Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones presidenciales pasadas, fueron condenados este jueves (03.03.2022) a penas de 9 hasta 13 años de prisión por delitos considerados como «traición a la patria».
Los tres aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición condenados son Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que dio seguimiento a los casos, en una declaración.
El juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón Moreno, que estuvo a cargo del caso, impuso una pena de 9 años a Cruz y 13 años a Maradiaga y Chamorro por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.
El judicial también impuso una pena de 13 años al exvicecanciller José Pallais y al dirigente empresarial José Adán Aguerri, y de 8 años a las dirigentes opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera, de acuerdo con el Cenidh.
Saña contra otra exprecandidata opositora
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó además lo que calificó como «ensañamiento» contra la periodista opositora Cristiana Chamorro Barrios, acusada por lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica.
«Condenamos ensañamiento contra la presa política Cristiana Chamorro Barrios. Fue llevada de su casa a El Chipote, donde la metieron a una celda, le obligaron a usar uniforme azul y le pusieron esposas de plástico. Así la presentaron en la farsa judicial», denunció el Cenidh en su cuenta de Twitter.
«Para el Cenidh esta es una ilegalidad más del régimen Ortega Murillo, producto del odio y la venganza», señaló.
Según ese organismo humanitario crítico con el Ejecutivo, Chamorro, que intentó desafiar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las controvertidas elecciones pasadas y cuyo juicio comenzó este jueves, goza del beneficio de arresto domiciliario, por lo que ella debería ser enjuiciada en su casa o en los juzgados, y no una sede policial.
«Advertimos que están alterando el estatus de arresto domiciliar, denunciamos ante la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) estas acciones, que son tratos crueles y degradantes», continuó.
Chamorro enfrenta el juicio a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, donde funciona una celda conocida como El Chipote, «bajo una exagerada presencial policial», dijo a Efe una portavoz del Cenidh, organismo que da seguimiento al caso.
