Un juez del estado de Rhode Island (EE.UU.) sentenció la semana pasada a 260 años de cárcel a un hombre, culpable de abusos de menores y producción de pornografía infantil, informa un comunicado oficial del juez.
Según los datos presentados en el marco del juicio, Thomas Goodman, de 45 años y residente de la localidad de Warwick, tenía en su poder unas 7.800 imágenes y 370 videos de pornografía. Varias de sus grabaciones fueron incluso publicadas en Internet.
Además, el propio condenado afirmó que tuvo sexo con al menos tres menores. «No tengo excusas para esto», señaló, citado por el medio local Providence Journal.
En detalle, fue condenado a 30 años de prisión por cada uno de ocho cargos de explotación sexual de menores, entre ellos de una bebé de tres semanas a la que tocó inapropiadamente mientras filmaba videos, y a 20 años de prisión por posesión de pornografía infantil sádica y masoquista. Al oír la sentencia, Goodman se desmayó en la sala, aunque por momentos recuperó la conciencia.
«Depravación más allá de la comprensión»
«Su nivel de depravación va más allá de la comprensión», afirmó el juez John McConnell al dictar sentencia. Asimismo reiteró que el criminal, a lo largo de seis años, cometió abusos sexuales contra dos chicas que por entonces tenían entre seis y 12 años.
El abogado de Goodman trató de lograr una reducción de la pena, alegando que el propio abusador fue violado de pequeño, pero el juez estimó que para la protección de la sociedad, el sentenciado deberá permanecer detrás de las rejas durante toda su vida. «No tengo garantías de que [Goodman] se detenga», enfatizó.
Goodman fue detenido el 17 de mayo del 2018, después de que su jefe le confiscara el teléfono móvil por usarlo en el lugar de trabajo y encontrara en el dispositivo «una gran cantidad» de archivos que contenían pornografía infantil. Luego el teléfono fue entregado a la Policía y se inició una investigación. En octubre del 2018, el pedófilo confesó su culpabilidad.
Aparte de ser sentenciado a encarcelamiento, Goodman deberá pagar una evaluación obligatoria, con un costo de 5.000 dólares por cada uno de los nueve cargos por los que fue declarado culpable.
