El tema central del documento enviado al Gobierno por parte del Comité Nacional del Paro y que el martes será revisada por ambos, insiste en una “Desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos”, tal y como fue divulgado por representantes de dicho comité a través de un comunicado entregado a medios en horas de la noche del pasado domingo.
La solicitud de los representantes de las centrales obreras fue compartida con el Comité Tripartito, que hace parte de la mesa de diálogo que lleva 15 días en jornadas exploratorias en Bogotá: “Le hemos solicitado a las instituciones acompañantes (Misión de verificación de la ONU, oficina de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos y la Conferencia Episcopal) que verifiquen la reducción de los cortes de vía en el país y entreguen un informe a las partes en la siguiente reunión”, se afirmó en el comunicado.
A lo que agregó: “El Comité Nacional de Paro apoya y estimula los procesos regionales de diálogo, y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país”, añadió.
La posición del Gobierno
No obstante, el Consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio José Archila, en cargo de coordinador del equipo negociador del Gobierno Nacional, reiteró su llamado para que se desbloqueen las carreteras del país como preámbulo para que ambas partes instalen la mesa de negociación.
Archila, al dar recibo a la propuesta que será estudiada en 24 horas al tiempo que el Comité de Paro convocó nuevas marchas para el 2 de junio, declaró que: “Hemos demandado que exista una condena absoluta a todos los bloqueos. No podemos permitir que en Colombia unos particulares, así tengan la excusa de la protesta, así estén abusando del derecho de la protesta la protesta, estén decidiendo por nosotros quien puede y quien no puede pasar”.
Este pedido no habría sido del agrado de los miembros del Comité de Paro, que esperaban la firma del preacuerdo acordado con el anterior negociador, Miguel Ceballos, exalto comisionado de paz.
Dicho preacuerdo, al parecer, esperaba la firma presidencial, pero en un cambio de tornas el Gobierno demandó que el Comité se pronunciara en contra de los bloqueos, lo que terminó siendo un inamovible en las jornadas de diálogos entre partes.
El Comité hizo comparecencia en medios para señalar que el preacuerdo había fracasado y que las jornadas serían cada vez más complicadas: “Tras 32 días de haber iniciado las protestas masivas, en todo el país, en las que las y los colombianos urgen la solución a las necesidades que nos aquejan y exigimos vías democráticas para ser escuchados, el Gobierno nacional sigue haciéndose el de los oídos sordos. A la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles. Se mantiene en silencio no solo frente a los válidos reclamos ciudadanos, sino que dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación”, afirmó el vocero, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
En la semana que inicia junio, el Paro Nacional habrá superado 40 días de manifestaciones, bloqueos y actos vandálicos en Colombia mientras Gobierno y Comité mantienen un pulso que definirá la realidad social del país con miras a las elecciones de 2022.
