Al menos siete personas murieron y 11 más resultaron heridas este lunes por la explosión de un autobús en una carretera del convulso departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia.
Pese a que en un principio autoridades de la región habían achacado lo ocurrido a un atentado terrorista, otros funcionarios lo negaron: “No es ningún atentado, es un vehículo de transporte público que se mueve desde Pasto y va con dirección a Cali. Va en movimiento y este vehículo explota”, dijo a periodistas el comandante de la Tercera División del Ejército de Colombia, general Jorge Isaacs Hoyos.
En un principio, el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, calificó lo ocurrido como un “acto criminal sobre la vía Panamericana”, la principal carretera del suroeste del país, mientras que la Defensoría del Pueblo lamentó el “atentado con carro bomba en Rosas”, municipio en el que ocurrió la explosión.
El general Isaacs calificó lo ocurrido como “un insólito” y es por ello que en la zona de la emergencia están las autoridades para “verificar el motivo por el cual un vehículo en movimiento explota”.
“Están haciendo todas las prácticas y todas las pruebas necesarias para poder decir qué fue lo que sucedió”, añadió el oficial.
Por otra parte, Larrahondo manifestó que ante lo ocurrido fue activado el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).
“Nos coordinamos con la Fuerza Pública y organismos de investigación para esclarecer los hechos”, afirmó el funcionario, quien agregó que se pondrá al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia.
La Defensoría del Pueblo, entre tanto, dijo que lo ocurrido fue un “atentado con carro bomba” y calificó el ataque como “un acto cruel e indiscriminado que infringe el DIH (Derecho Internacional Humanitario)”.
“Condenamos su ocurrencia, nos solidarizamos con las víctimas y el pueblo caucano. Esperamos acciones urgentes de las autoridades para investigar, juzgar y sancionar a los responsables”, añadió el organismo.
Incluso la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos condenó el “atentado” y urgió a las autoridades a “investigar los graves hechos en Cauca y sancionar a los responsables”.
El departamento del Cauca está inmerso en una espiral de violencia generada por las disputas territoriales de distintos grupos al margen de la ley como disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos del narcotráfico.
La rivalidad entre estos grupos por el control de tierras para el tráfico de drogas hace de este departamento uno de los que tiene un mayor número de cultivos ilícitos en el país, con 17.177 hectáreas sembradas de coca, según cifras del centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.
El 22 de noviembre pasado, al menos tres policías resultaron muertos y siete heridos en un atentado con explosivos perpetrado contra una comisaría del municipio de Santander de Quilichao.
