Los fiscales acusaron el martes a Donald Trump de violar descaradamente y repetidamente una orden de silencio impuesta por el juez que preside su juicio por “dinero secreto” para evitar que intimidara a los testigos.
Trump, de 77 años, está acusado de falsificar registros comerciales para comprar el silencio de la estrella porno Stormy Daniels sobre un encuentro sexual en 2006 que podría haber impactado su candidatura presidencial de 2016.
El juez Juan Merchán interrumpió el testimonio en el primer juicio penal de un ex presidente para celebrar una audiencia que determinará si Trump, que busca recuperar la Casa Blanca en noviembre, debe ser declarado culpable de desacato al tribunal por violar su orden de silencio.
El fiscal Chris Conroy dijo al juez que los ataques “deliberados” e “intencionales” de Trump a los testigos “violan claramente” la orden de silencio y lo instó a multar al magnate inmobiliario con 1.000 dólares por cada violación.
“Él conoce la orden, sabe lo que no se le permite hacer y lo hace de todos modos”, dijo Conroy.
“Aún no buscamos una pena de prisión”, dijo Conroy, pero el tribunal debería “recordarle que el encarcelamiento es una opción si fuera necesario”.
Encarcelar a Trump podría generar un conflicto con el Servicio Secreto, el organismo encargado de proteger a los presidentes actuales y anteriores.
Merchan, quien advirtió a Trump el 1 de abril que no atacara públicamente a los testigos, los jurados, el personal del tribunal o sus familiares, dijo que emitiría su fallo en una fecha posterior.
Trump arremetió tras la audiencia de 90 minutos por desacato, diciendo que el juez estaba “muy conflictivo” y “me ha quitado mi derecho constitucional a la libertad de expresión”.
“Todo el mundo puede hablar y mentir sobre mí, pero yo no puedo defenderme”, se quejó Trump en su plataforma Truth Social. “¡Éste es un tribunal irregular y el juez debería recusarse!”
Elecciones 2024
Se espera que los testigos de la fiscalía en el juicio incluyan a Daniels y al ex mediador de Trump, Michael Cohen, quien organizó el presunto pago de 130.000 dólares para mantener su silencio a la actriz de cine para adultos.
Trump ha atacado repetidamente a Cohen y Daniels en Truth Social, llamándolos, por ejemplo, “dos tipos sórdidos que, con sus mentiras y tergiversaciones, le han costado caro a nuestro país”.
El abogado de Trump, Todd Blanche, le dijo a Merchan durante la audiencia por desacato que “el presidente Trump está siendo muy cuidadoso al cumplir con las reglas de su honor”.
“No hay duda de que el presidente Trump se enfrenta a una avalancha de ataques políticos de todos lados, incluidos los dos testigos a los que se hace referencia”, dijo Blanche.
Provocó la ira del juez después de afirmar que la publicación por parte de Trump de artículos de sitios de noticias no debería considerarse una violación de la orden de silencio.
“Estás perdiendo toda credibilidad ante el tribunal”, le dijo el juez a Blanche.
La audiencia por desacato, celebrada sin la presencia del jurado, se produjo un día después de los argumentos iniciales en el sensacional juicio que se celebró en un tribunal de Manhattan.
Trump ha denunciado repetidamente el caso como una “caza de brujas” destinada a mantenerlo fuera de la campaña electoral antes de su revancha electoral con el presidente demócrata Joe Biden.
David Pecker, ex editor del tabloide National Enquirer, fue el primer testigo llamado por la fiscalía y regresó al estrado el martes después de la audiencia por desacato.
Los fiscales comenzaron a guiar a Pecker a través de una práctica conocida como “catch and kill”, que implicaba aplastar historias negativas sobre Trump.
Pecker, quien describió a Trump como un amigo (“yo lo llamaría Donald”), dijo que se comunicaría con Cohen, el abogado personal de Trump, para advertirle sobre posibles historias negativas.
“Cuando le notificaba a Michael Cohen sobre una historia que era negativa, él intentaba examinarla él mismo, ver si la historia era cierta o no”, dijo Pecker.
Y él iba a la publicación individual para asegurarse de que la historia no fuera publicada y hacer que la eliminaran”.
Los fiscales alegan que el pago de 130.000 dólares realizado a Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016 se hizo para silenciarla antes de la votación y constituyó un “fraude electoral”.
