Por primera vez en la historia de Costa Rica, la Corte Suprema decidió este martes 1 de julio pedirle a la Asamblea Legislativa que le retire inmunidad a un presidente de la República. La solicitud del Tribunal supremo para despojar de su inmunidad al presidente, Rodrigo Chaves, tiene lugar en el marco de un caso por supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General en contra del mandatario el 7 de abril pasado. Tras analizar la acusación, la corte decidió avanzar con el proceso y trasladar el expediente al Congreso, para que defina, en un plazo no definido, si levanta o no el fuero del presidente con el fin de que sea investigado.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión (delito contra los deberes de la función pública) en la contratación aparentemente «a la medida» para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026, con 405.000 dólares donados por el BCIE.
Señalan aparentes irregularidades en la contratación de la empresa propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación.
La tesis de la Fiscalía también indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un «beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE» al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien «se le benefició con 32.000 dólares».
