En un mundo donde el crimen organizado, el extremismo y el terrorismo han aprendido a utilizar el lenguaje del derecho como escudo, El Salvador vuelve a colocar una verdad incómoda sobre la mesa: la paz no se defiende con comunicados, sino con presencia estatal. No se sostiene con intenciones, sino con autoridad legítima. No se proclama; se ejerce.
Su incorporación al Board of Peace no responde a un gesto simbólico, sino a una experiencia concreta: demostrar que la pacificación no comienza con declaraciones ni con mesas de diálogo, sino con la recuperación efectiva del territorio y del control institucional. En tiempos donde muchos procesos fracasan por negociar desde la debilidad, El Salvador introduce una premisa distinta: sin Estado, no hay paz posible.
La comunidad internacional ha insistido durante años en que el consenso es el punto de partida. La experiencia salvadoreña sugiere lo contrario: primero orden, luego diálogo; primero reglas claras, luego reconciliación. No como negación de la paz, sino como condición para que esta sea sostenible.
Por eso su presencia en el Board of Peace tiene sentido. No para enseñar cómo se firma la paz, sino para recordar algo más elemental y más difícil: que la paz duradera no empieza con palabras, sino cuando el Estado vuelve a llegar a tiempo.
Y cuando ese silencio llega —cuando es real— dice más que cualquier declaración.
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