Una semana después de haber realizado una masiva marcha de protesta de la oposición, que llegó hasta las puertas de la sede del Tribunal Supremo Electoral en La Paz, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, anunció para el 25 de junio una Asamblea de la Cruceñidad, en la que diversas instituciones considerarán la aprobación de un paro nacional y posibles paros escalonados de cada departamento de Bolivia, como segunda medida para conseguir la renuncia de los vocales electorales y contra la repostulación de Evo Morales y de Alvaro García Linera a la presidencia y a la vicepresidencia del Estado.
En medio de nuevas denuncias que salpican al TSE y que generan sospechas sobre el empadronamiento irregular de votantes, el líder de los cívicos confirmó que decidió acelerar la sesión de los diversos grupos institucionales del Comité para aprobar la nueva medida de protesta, que implica suspender todas las actividades productivas del país, en diversos momentos y antes de las elecciones presidenciales de octubre próximo. Esta es la única organización civil que fue capaz de parar en dos oportunidades el año pasado a Santa Cruz y a otras regiones de Bolivia, lo que genera pérdidas económicas importantes.
Luis Fernando Camacho dijo que su posición personal es la de comenzar con un paro nacional y seguir con paros escalonados de cada región, pero debe ser la Asamblea de la Cruceñidad la que apruebe la decisión y las fechas en que se desarrollarían las medidas de presión, que apuntan a conseguir las renuncias de los vocales del TSE e impedir las candidaturas del binomio oficialista. «Ya se hizo la marcha. Para tomar otra medida más dura, necesito la aprobación de mi Asamblea de la Cruceñidad.
En principio debía ser el directorio ampliado del Comité el que la convoque, pero también los estatutos me facultan a hacerlo. La idea es acatar paros de aquí en adelante hasta las elecciones. Es una lucha por principios. Pedimos las renuncias de vocales y su reemplazo por otros ciudadanos notables que hagan respetar la Constitución y no permitir que el binomio vaya al proceso».
Adelantó que ya hizo consultas a los representantes de los empresarios, de los transportistas y de los gremiales que integran su directorio y estos expresaron su predisposición a apoyar un paro, pero debe ser la Asamblea de la Cruceñidad la que decida el 25 de junio si se lo hace o no y de qué manera.
Los sectores más influyentes a la hora de definir si se convoca o no a un paro son los empresariales, los transportistas, los comerciantes y los universitarios.
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, que aglutina a las principales empresas de la región y de Bolivia, aún no fijó una posición sobre esta medida de presión. El departamento de comunicación de la Cainco indicó a Infobae que su presidente está de viaje y que la institución solo se refiere a temas empresariales.
Por su parte, el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Reynaldo Diaz, que como la Cainco es clave para el acatamiento o no de un paro, dijo que será su directorio el que decida en una reunión esta semana su posición sobre la medida que podría aprobar la Asamblea de la Cruceñidad.
Mientras los cívicos se alistan para aprobar el paro nacional y los escalonados, dirigentes de la oposición se pronunciaron al comienzo de esta nueva semana contra el Tribunal Supremo Electoral por la denuncia de la existencia de inscripciones irregulares de votantes en el departamento de Beni para que sufraguen en la región vecina de Pando.
Algunos videos difundidos destaparon el supuesto ofrecimiento de dinero para que los electores se inscriban para sufragar en otro lugar donde no residen. Un diputado opositor presentó la denuncia contra el Órgano Electoral ante el Congreso, mientras que el TSE se deslindó y derivó la acusación a la Fiscalía para que la indague.
El candidato a la presidencia por el opositor Comunidad Ciudadana, Carlos D. Mesa, expresó en Twitter: «Las inscripciones fraudulentas en el padrón electoral de Riberalta (Beni), son otra muestra de las inaceptables irregularidades en la actual gestión del OEP. La gravedad de este hecho delictivo evidencia el riesgo inminente de manipulación del voto y del fraude electoral».
Por su parte, el ex candidato presidencial y líder del también opositor UN, Samuel Doria Medina, dijo que la gran mayoría de los bolivianos siente que el MAS y el TSE no respetan el voto y que habrá fraude. «Ante ese sentimiento del pueblo, la responsabilidad de la oposición es unificarse. Hemos contribuido a esa unidad. Estamos esperando que el resto lo haga».
A propósito de las exigencias y presiones para que los integrantes del TSE renuncien, el vocal Antonio Costas afirmó en las últimas horas que debe primar el respeto y el cumplimiento de la norma.»Nosotros tenemos aspectos y causales específicas para perder el mandato y a eso nos ajustaremos».
Además de las denuncia de empadronamiento irregular, el domingo último el diario Página Siete develó que al menos una veintena de los 45 vocales de los tribunales electorales departamentales fueron altos funcionarios del Gobierno de Evo Morales.
