Tres grandes empresarios se reúnen con el dirigente para pedir una salida “rápida y efectiva” a la crisis política que cumple diez meses.
Tres de los hombres más ricos de Nicaragua se reunieron el fin de semana con el presidente Daniel Ortega para pedirle que se abra una negociación con la oposición para encontrar una salida a la crisis política que este martes cumple diez meses. Los representantes del llamado “gran capital” del país centroamericano exigen al Gobierno que la negociación sea “rápida, efectiva y creíble”.
El Gobierno respondió, a través de Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, que “siempre está abierto a conversar y buscar soluciones creativas”, aunque el lunes la justicia, controlada por el mandatario, condenó a más de 500 años de cárcel a tres líderes del movimiento campesino que desde 2013 plantaron cara a la construcción de un Canal Interoceánico financiado por un oscuro empresario chino y que participaron activamente en las manifestaciones contra Ortega iniciadas el pasado abril.
En la reunión, que se realizó el sábado, participaron Carlos Pellas, Roberto Zamora y Ramiro Ortiz, además de Juan Sacasa y José Baltodano, representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pellas está a la cabeza del poderoso Grupo Pellas, emporio propietario del ingenio San Antonio, un inmenso cañaveral que es la base de la riqueza de la Nicaragua Sugar Estates Limited, la mayor productora de azúcar del país y del famoso Ron Flor de Caña. La riqueza de Pellas le llega también de inversiones en bancos, concesionarias de automóviles, entre otras.
Ortiz y Zamora tienen una fuerte inversión en el sistema financiero del país. Ortiz es el presidente del Grupo Promérica, que tiene presencia en 9 países del continente y cuyos activos ascendían a 12,600 millones de dólares en 2016. Publicaciones económicas como Bloomberg o Forbes han calculado en más de mil millones de dólares las fortunas personales de Pellas y Ortiz. Los empresarios estuvieron acuerpados por el cardenal Leopoldo Brenes y el representante del Vaticano en Managua, el nuncio Stanislaw Waldemar Sommertag.
En un comunicado conjunto estos propietarios de las grandes fortunas de Nicaragua dijeron que decidieron reunirse con el Gobierno para reiterar la “urgencia de una negociación incluyente, seria y franca” para poner fin a la crisis que amenaza con destrozar la economía nicaragüense, la segunda más pobre del continente, solo superada por Haití.
Para los empresarios es importante la negociación con representantes de la sociedad civil, en referencia a la denominada Alianza Cívica, una variopinta organización que reúne a feministas, estudiantes universitarios, representantes del sector privado, campesinos y académicos. La Alianza se formó para negociar con el Ejecutivo sandinista en el marco del denominado Diálogo Nacional, que inició en mayo, pero que fracasó tras la negativa de Ortega de abrirse a una agenda de reformas políticas y el adelanto de elecciones.
La Alianza expresó a través de un comunicado que apoyaba la iniciativa empresarial y dijo que sus representantes están listos para participar en una futura negociación. “Durante los últimos meses nos hemos preparado trabajando con un equipo de expertos en diversas especialidades”, informaron.
Varios de los integrantes de esta agrupación han sido encarcelados por el régimen por apoyar las manifestaciones, mientras otros se han tenido que exiliar, como los estudiantes Lesther Alemán y Madelaine Caracas —reconocidos por asaltar la palabra a Ortega el primer día del Diálogo—, o esconderse en denominadas “casas de seguridad”.
Silvio Báez, obispo auxiliar de la archidiócesis de Managua, dijo por su parte que para que pueda reanudarse un diálogo con Ortega hay “requisitos” y mencionó que “el primero de todos” es la liberación de los “presos políticos”: más de 600 personas detenidas por oponerse al régimen.
Entre esos detenidos están los líderes del movimiento campesino “anticanal” Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, quienes el lunes fueron condenados por “terrorismo” y otros delitos a un total de 585 años de cárcel –entre los tres–, en un proceso que fue denunciado como “espurio” por defensores de derechos humanos.
La liberación de estos detenidos es también una de las condiciones que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, quien pidió al Gobierno que permita el ingreso al país de sus representantes, para dar apoyo al diálogo y seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país.
Ortega expulsó en diciembre a los integrantes de una misión de ese organismo y también a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que publicaron un informe tras seis meses de investigaciones en Nicaragua, en el que señalan que el Gobierno habría cometido “crímenes de lesa humanidad” en el marco de la represión contra las protestas.
La reunión de Ortega con los empresarios se da una semana después de que un representante de Luis Almagro, secretario general de la OEA, visitara al exguerrillero sandinista en Managua, para tenderle un puente que permita encontrar una salida negociada a la crisis. Tanto el Gobierno como la OEA acordaron mantener un “canal de comunicación abierto”, pero el organismo interamericano pone condiciones para una negociación, entre ellas la liberación de los detenidos por el régimen.
Ese acercamiento se da después de meses de distanciamientos, en los que Almagro intentó mover el tablero diplomático latinoamericano para “asfixiar” lo que ha catalogado de “dictadura” nicaragüense.
Ortega se ve cada vez más presionado a nivel internacional, con las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra su Gobierno y funcionarios cercanos, como su propia esposa y mano derecha. La semana pasada el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani también amenazó con pedir a la Unión Europea “que actúe en consonancia a la situación que se vive en Nicaragua”.
Tajani recordó que un grupo de eurodiputados que visitó Nicaragua hace tres semanas exigió al Gobierno libertad de los presos, el cese de la represión y permitir el retorno de las organizaciones internacionales. “Si el régimen no da muestras concretas de que respeta las tres peticiones que le han sido solicitadas, habrá muy pronto medidas”, advirtió.
