A esta estructura se le acusa de ordenar más de 14,000 delitos ejecutados entre 2012 y 2022. La pandilla en sus fracciones, sureños y revolucionarios, operó de forma sistemática generando terror en las familias salvadoreñas.
La Fiscalía cuenta con un amplio respaldo probatorio por los delitos de masacres, homicidios, extorsiones, tráfico de armas y trata de personas. Además de organizaciones terroristas y rebelión.
Entre los principales casos atribuidos a esta estructura figuran: atentado contra la delegación policial de Quezaltepeque (2015); ataque con explosivos al Centro Judicial «Isidro Menéndez»; atentado con explosivos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; y lanzamiento de una granada M-67 hacia instalaciones de la FGR.
Del total de procesados, 474 cabecillas guardan prisión, mientras que 90 serán juzgados en ausencia, con órdenes de captura activas que reflejan la continuidad de las acciones para llevarlos ante la justicia. El proceso se desarrolla en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
