El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta nuevos cuestionamientos por la confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses. Esta vez, nueve viviendas ubicadas en la zona costera de Playa Gavilán, en Tola, departamento de Rivas, fueron ocupadas y posteriormente transferidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
De acuerdo con una investigación publicada por Confidencial, los afectados son jubilados estadounidenses que habían establecido sus viviendas de descanso en Nicaragua y que durante años cumplieron con los pagos exigidos por las autoridades locales.
Los propietarios aseguran que no recibieron una notificación oficial antes de perder el control de sus inmuebles. Según sus testimonios, fueron trabajadores de las propiedades quienes les comunicaron que funcionarios que se identificaron como empleados del INSS habían llegado al lugar y ordenado retirar a los vigilantes.
Las nueve propiedades fueron construidas durante la década de 2000 y algunas de ellas comenzaron a utilizarse como viviendas alrededor de 2010. Sus propietarios habían realizado inversiones importantes en infraestructura, equipamiento y mejoras, por lo que ahora calculan que el valor de los bienes afectados ronda los 15 millones de dólares.
Pagaban impuestos y canon municipal
El caso tiene una particularidad relacionada con el régimen de propiedad de las zonas costeras de Nicaragua. Los jubilados eran propietarios de las construcciones, mientras que los terrenos estaban sujetos a contratos de arrendamiento con la Alcaldía de Tola.
Los afectados sostienen que durante más de 15 años cumplieron con sus obligaciones municipales, incluyendo el pago del canon correspondiente y los impuestos asociados a las propiedades.
Según la investigación, los pagos anuales por el canon municipal rondaban los 1,000 dólares por propiedad. Sin embargo, en 2026 la Alcaldía habría cancelado los contratos de arrendamiento, dando paso posteriormente a la ocupación de los inmuebles.
Los propietarios consideran que la decisión vulneró sus derechos y cuestionan que las autoridades hayan procedido sin comunicarles previamente una resolución que explicara el motivo de la medida.
Pérdidas calculadas en $15 millones
Los afectados estiman que las nueve viviendas, junto con las mejoras realizadas a lo largo de los años y los bienes que permanecían en su interior, representan pérdidas cercanas a los 15 millones de dólares.
Las casas habrían tenido costos de construcción de entre aproximadamente 500,000 y 800,000 dólares cada una. Además de las edificaciones, los propietarios dejaron dentro muebles, electrodomésticos, sistemas de energía solar, ropa y otros artículos personales.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los afectados es que, después de la ocupación, habrían recibido una propuesta para continuar utilizando las mismas viviendas, pero ahora bajo un esquema de alquiler administrado por el INSS.
Según los testimonios recogidos por la investigación, la propuesta contemplaba rentas de alrededor de 2,000 dólares mensuales por vivienda.
Las propiedades fueron transferidas al INSS
La entrega de estos nueve inmuebles al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se produce en medio de un proceso más amplio de transferencia de propiedades confiscadas por el Estado nicaragüense.
Investigaciones periodísticas han documentado que numerosas propiedades han terminado en manos de instituciones estatales después de procesos de confiscación.
Según datos citados por Confidencial, entre agosto de 2024 y octubre de 2026 la Procuraduría habría transferido 372 propiedades al INSS. A estas se sumarían otras transferencias realizadas anteriormente, elevando a 374 el número de inmuebles entregados a esa institución desde 2007.
El caso de Playa Gavilán adquiere especial relevancia porque los afectados son ciudadanos extranjeros y, según la investigación, constituye uno de los primeros casos documentados de este mecanismo que involucra directamente a jubilados estadounidenses propietarios de viviendas en Nicaragua.
Estados Unidos cuestiona las confiscaciones
El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que tiene conocimiento de numerosos casos relacionados con la confiscación de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses en Nicaragua.
La administración estadounidense ha cuestionado las actuaciones del Gobierno de Ortega y ha señalado su preocupación por el respeto a los derechos de propiedad en el país.
Washington también mantiene advertencias para sus ciudadanos respecto a Nicaragua, debido, entre otros factores, al riesgo de que propiedades, terrenos y otros activos sean confiscados por las autoridades sin previo aviso.
Para los jubilados afectados en Playa Gavilán, el conflicto no solo representa la pérdida de sus viviendas, sino también de inversiones realizadas durante años y de bienes personales que permanecían en las propiedades.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la política de confiscaciones implementada durante los últimos años por el régimen Ortega-Murillo y el destino que han tenido los bienes que pasan a control estatal.
