De acuerdo con la acusación, en diciembre de 2016, la institución recibió un aviso sobre anomalías relacionadas con un contrato suscrito entre la institución afectada y el procesado, quien fungía como representante legal y propietario de la empresa a través de la cual se comprometió a confeccionar y entregar uniformes para el personal.
Tras haber recibido el pago completo, que ascendía a $223,216.00, el imputado habría cortado toda comunicación sin entregar los uniformes ni devolver el dinero, lo que dio paso a la investigación.
En la oferta probatoria, el juzgado identificó elementos pertinentes, por lo que ordenó la apertura a juicio. Ante la incomparecencia del procesado, también se ordenó su captura para que comparezca ante el Tribunal de Sentencia correspondiente.
