Muchas veces me preguntan cuál fue el secreto del cambio en El Salvador en materia de seguridad. Suelen esperar una respuesta técnica: más policías, más presupuesto, más tecnología. Pero el punto de quiebre fue otro, mucho más incómodo y mucho menos exportable: el Estado decidió no ceder. No a la presión internacional. No al chantaje moral. No a la idea, muy instalada en ciertas democracias modernas, de que la justicia debe ser sensible con quien destruyó vidas.
Durante años, muchas democracias confundieron humanidad con indulgencia. En nombre de los derechos humanos, desplazaron el foco hacia el bienestar cotidiano del criminal, mientras las víctimas -y quienes aún podían convertirse en ellas- quedaban fuera del encuadre. El resultado fue un sistema invertido: Estados movilizando recursos, jueces y solemnidad institucional para garantizar el confort de asesinos.
El mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar esa inversión no está en una teoría jurídica. Está en una celda europea, ocupada por un hombre que asesinó a 77 personas.
En Noruega, Anders Breivik cumple condena en condiciones que se asemejan más a una vivienda que a una celda. Tiene televisión, gimnasio, escritorio y acceso a estudios universitarios. Demandó al Estado alegando trato inhumano porque el café se servía frío y su consola de videojuegos era anticuada. Un tribunal le dio la razón. El proceso judicial fue prolongado. El entierro de sus víctimas, breve y definitivo.
Dinamarca ofreció otra escena. Peter Madsen, quien violó, torturó y asesinó a la periodista Kim Wall, no necesitó tribunales para transformar su condena en vitrina. Desde prisión mantuvo relaciones sentimentales, recibió cartas de admiradoras y contrajo matrimonio legal. El sistema penitenciario funcionó exactamente como fue diseñado. Para cuando la opinión pública reaccionó, la cárcel ya había cumplido una función inesperada: otorgar visibilidad.
Israel llevó el fenómeno a un plano aún más inquietante. Terroristas condenados por atentados masivos -algunos con múltiples cadenas perpetuas- presentaron peticiones ante la Corte Suprema no para revisar sus sentencias, sino para mejorar sus condiciones de vida. Uno solicitó televisión satelital porque los canales disponibles no eran suficientes. Otro exigió un colchón ortopédico por dolores de espalda. Otro pidió acceso ampliado a internet para continuar estudios universitarios. El Estado compareció. Los jueces escucharon. Se fijaron audiencias. El calendario judicial de un país en guerra se ajustó para deliberar sobre el bienestar físico y emocional de quienes habían asesinado civiles. Todo fue legal. Y precisamente por eso resulta tan perturbador.
Cuando un Estado dedica su tiempo más valioso -el tiempo institucional- a optimizar la experiencia carcelaria de asesinos y terroristas, algo se quiebra. La justicia deja de ser protección y se convierte en administración. El criminal se vuelve sujeto central del derecho. La sociedad queda reducida a una abstracción sin urgencia.
El Salvador decidió no seguir ese camino.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, invierte esa lógica sin pedir permiso. No busca agradar a observadores internacionales ni ganar premios de diseño institucional. Su mensaje es simple y brutal: el miedo cambia de lado. El Estado deja de justificar su firmeza y la ejerce. No hay pedagogía para el victimario ni metáforas terapéuticas. Hay control. Hay orden. Hay una línea clara que antes no existía.
Por eso incomoda tanto.
CECOT no discute si el criminal está cómodo. Discute si la sociedad está a salvo. Y en ese giro -silencioso y efectivo- El Salvador recordó algo que muchos países olvidaron: que la cárcel no es un experimento moral, sino una herramienta de soberanía.
CECOT parte de una premisa simple: antes de los derechos humanos del asesino están los derechos humanos de la víctima. Y antes aún, los derechos de quienes todavía no han sido atacados. Está destinado a asesinos seriales, jefes criminales y terroristas que
destruyeron comunidades enteras.
Eso no es crueldad. Es prevención.
Los resultados son visibles. Barrios que antes vivían bajo extorsión hoy funcionan.
Comercios abren. Niños caminan. Madres duermen. El silencio que llegó después no fue el de la represión, sino el del alivio.
Occidente puede seguir perfeccionando procedimientos y llamarlo “progreso”. El Salvador eligió claridad, prioridad y coherencia. CECOT no es la negación del derecho humano. Es la negación de la ingenuidad. Y en un mundo donde el crimen aprendió a usar la ley como escudo, quizá el acto más humano que le queda al Estado sea recordar, sin complejos, a quién debe proteger primero.
