Este jueves 7 de agosto de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, marcando un avance significativo en la protección de los salvadoreños en el exterior, en tránsito y en retorno. La presidenta de la #ComisiónDiásporaYLegislación, Ana Figueroa destacó que esta normativa es moderna, justa y humana, reconociendo la migración como un derecho fundamental.
Entre las reformas aprobadas, la ley garantiza la protección integral de todas las personas en movilidad, incluyendo migrantes, retornados y personas en tránsito. Se fortalece la atención consular y humanitaria en cualquier parte del mundo y se promueve la reunificación familiar, asegurando la identidad legal de quienes regresan al país.
Asimismo, la ley protege especialmente a grupos vulnerables como la niñez migrante, mujeres, adultos mayores y víctimas de trata o tráfico de personas. Además, fomenta la reintegración digna y sostenible de quienes retornan al país y reconoce a la diáspora salvadoreña como un aliado clave en el desarrollo nacional.
Entre los beneficios concretos, se establece la exención de impuestos para la importación del menaje de casa familiar, hasta un valor de $100,000 dólares, así como la importación exenta de hasta dos vehículos livianos para uso personal. También se incluyen herramientas y bienes relacionados con la actividad laboral, siempre que se importen en el primer año del retorno.
La ley crea además un registro especial para empleadores que contraten a salvadoreños retornados, otorgando deducciones fiscales que varían según el número de empleados retornados contratados, desde tres hasta cinco salarios mínimos. En el ámbito financiero, se facilitan servicios remotos para la diáspora, y se autoriza la creación de asociaciones sin fines de lucro con beneficios fiscales para donaciones.
Finalmente, se establece el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para garantizar el diseño y ejecución de políticas públicas integrales en la materia.
Con esta ley, El Salvador refuerza su compromiso con la protección y desarrollo de su población migrante y retornada, reconociendo su papel fundamental para el crecimiento y progreso del país.
