La Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como contra altos funcionarios de su gobierno, por presuntas violaciones a los derechos humanos de más de 200 “ciudadanos” venezolanos recluidos en el CECOT.
Los denunciantes fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador a inicios de marzo de 2025, señalados de pertenecer a estructuras criminales como el Tren de Aragua.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos venezolanos aseguran que muchos de ellos fueron detenidos sin pruebas y permanecieron en condiciones inhumanas: incomunicados, sin atención médica, sin acceso legal y sometidos a abusos físicos y psicológicos.
La reacción de las autoridades venezolanas llega tras semanas de presiones diplomáticas y reclamos de familiares.
Este episodio se da en el contexto de un intercambio de prisioneros entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos, revelado recientemente por un funcionario del gabinete de Donald Trump.
Bukele habría facilitado la repatriación de los reos venezolanos a cambio de la liberación de diez estadounidenses que se encontraban detenidos en Venezuela, lo que provocó fuertes críticas desde Caracas.