En un comunicado la cartera denunció «la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública» en el departamento del Cauca.
Según confirmó este viernes el ministro de Defensa, general retirado Pedro Sánchez Suárez, los hechos ocurrieron el jueves (6.03.2025) en los caseríos de El Plateado y La Hacienda, situados en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde se registra una de las mayores concentraciones de cultivos de coca en Colombia, según la ONU.
«La vida y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron este repudiable delito», manifestó el ministro en un extenso mensaje en su cuenta de X.
Según el ministerio, «pobladores instrumentalizados» por los guerrilleros participaron en el secuestro, en represalia por una ofensiva militar que lanzó en el Gobierno para frenar el narcotráfico y la violencia en la región.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Dos facciones enfrentadas del EMC, ante diálogos de paz
El Gobierno asegura que el Estado Mayor Central (EMC) es responsable de las acciones «ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad» de los uniformados.
En un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el EMC actúa con «desespero y por eso utiliza la población civil». El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el Gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. «Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército», añadió el mandatario de izquierda.
En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
Los disidentes «no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio», añadió el ministerio de Defensa.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del Gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados de Colombia, para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
