Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos rechazó este miércoles un recurso de emergencia presentado por la Administración Trump para hacer efectiva la revocación de la ciudadanía por nacimiento, una medida que ahora se encamina al Tribunal Supremo.
Trump firmó el pasado mes de enero una orden ejecutiva con la que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense, como parte de su reforma migratoria.
La orden fue inicialmente bloqueada por el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, tras una demanda interpuesta por fiscales de cuatro estados demócratas. Posteriormente, quedó suspendida de forma prolongada debido a múltiples litigios, incluyendo recursos de autoridades locales y organizaciones de derechos civiles.
Este miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para dejar sin efecto el fallo del juez Coughenour.
El panel de jueces, que incluye a Danielle Forrest, designada por Trump durante su primer mandato, argumentó que el caso no representaba una emergencia que justificara una intervención inmediata.
La orden ejecutiva de Trump busca reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución de EEUU, la cual garantiza la ciudadanía por nacimiento.
Ratificada en 1868, tras la Guerra Civil, la Enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
El mandatario republicano argumenta que deben existir restricciones más estrictas para obtener la ciudadanía y sostiene que la interpretación actual de la Enmienda 14 ha sido demasiado amplia.
Camino al Tribunal Supremo
El fallo del Noveno Circuito representa la primera decisión a nivel de apelaciones, pero el tribunal señaló que evaluará el tema en profundidad en una fase posterior.
Ante la negativa del tribunal de apelaciones, la Administración Trump podría presentar el caso ante el Tribunal Supremo de EEUU, lo que marcaría un hito en la disputa legal sobre la ciudadanía por nacimiento en el país.
La orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, el pasado 20 de enero, debía entrar en vigor el 19 de febrero y forma parte de la política migratoria más restrictiva de la actual administración republicana desde su regreso a la Casa Blanca.
Bajo esta orden, los menores de edad, cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes permanentes, nacidos en Estados Unidos después de esa fecha serían considerados extranjeros, lo que los haría susceptibles a la deportación y los excluiría de beneficios federales como el acceso a un número de Seguro Social, la posibilidad de trabajar legalmente en el futuro y la elegibilidad para programas gubernamentales.
