Después de un mes de la aplicación de una política de «mano dura» destinada a combatir la rampante delincuencia relacionada con las drogas y las bandas, la policía hondureña afirma haber incautado cientos de armas y detenido a presuntos miembros de pandillas.
En el marco de esta política, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha hecho uso de poderes de emergencia para enviar fuerzas de seguridad a barrios asolados por la delincuencia.
Tiene previsto, además, encarcelar a más de 20.000 reclusos en una nueva megaprisión.
La estrategia es una versión más moderada de las tácticas de su vecino, El Salvador. Allí, el presidente Nayib Bukele también ha suspendido derechos constitucionales, puesto en marcha juicios masivos y encarcelado a cerca del 2 % de la población adulta y a miles de menores.
En Honduras existe un escepticismo generalizado sobre si el Gobierno será capaz de emular los resultados de El Salvador, donde los índices de criminalidad cayeron en picada y la vida se ha transformado.
«Lastimosamente esto se ha ido extendiendo con la finalidad de obtener resultados», dijo el abogado y analista de seguridad Saúl Bueso. «¿Qué resultados realmente esperaba la policía y qué resultados espera la ciudadanía?», añadió.
«Ellos señalan que han disminuido las masacres, que han disminuido los asaltos en los lugares, pero cuando leemos la prensa nos damos cuenta que siguen ocurriendo masacres en el país y asesinatos a mansalva», subrayó.
Los residentes que han visto fracasar a gobiernos anteriores con tácticas de mano dura siguen sin estar convencidos.
«Mano dura, ¿verdad? Porque no creo», dijo la residente Norma Ochoa en la capital, Tegucigalpa, por donde pasan patrullas rutinariamente.
«En lo que es asesinatos, en muerte, en delincuencia, en decadencia, en tantas cosas que estamos padeciendo y, hoy, pues Dios es el único que nos sustenta», consideró.
