El Tribunal Supremo español anunció este jueves una investigación contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont por presunto delito de «terrorismo» ligado a acciones llevadas a cabo por un grupo separatista llamado Tsunami Democràtic en 2019. Según un auto conocido hoy, la causa incluye también al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg, que igualmente reside fuera de España.
La Sala de lo Penal del Supremo acordó «abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar» al expresidente regional de Cataluña y actualmente eurodiputado Carles Puigdemont «por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso ‘Tsunami Democràtic», indicó el tribunal en una nota de prensa.
El anuncio de esta investigación se produce cuando el gobierno español, que necesitó el apoyo de los independentistas para la investidura, y el partido de Puigdemont negocian una ley de amnistía para los separatistas involucrados en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea. El también expresidente del gobierno regional catalán ha ironizado sobre el caso en las redes sociales. «No dejes que la realidad estropee una buena imputación», ha dicho en X parafraseando una «máxima del mal periodismo».
El Supremo «no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a ‘Tsunami Democràtic’ se incardinan en el delito de terrorismo», subrayó el tribunal, que cita como ejemplo el bloqueo e intento de tomar el aeropuerto de Barcelona en una protesta. Un magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga los delitos de terrorismo, había solicitado al tribunal la medida por los «indicios que a su juicio acreditan la participación» de Puigdemont y de Wagensberg «en los hechos investigados», señaló el texto.
Los magistrados concluyen, por unanimidad, que para estos dos aforados, pues Puigdemont es ahora eurodiputado, es «necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento, a fin de ser oídos como investigados, con todos los derechos y garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico».